La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sí o sí, tiene que realizar cambios que garanticen la seguridad de su comunidad universitaria, pues no puede volver a ocurrir lo que sucedió en la Facultad de Derecho, aseguraron en mesa de análisis Santiago Zamanillo, de Acción Nacional, José Luis Fernández, del PVEM y Carlos Arreola, de Morena.

  Carlos Arreola aseveró: "Morena tiene todo su respaldo para las y los estudiantes organizados, se le exige a la Fiscalía un proceso rápido y con justicia, cumpliendo con el debido proceso y el acceso a la justicia; respecto a la universidad, se le pide garantías de no revictimización y de no repetición porque no queremos que esto vuelva a ocurrir nunca".

  "Desde Morena hemos dicho diálogo, diálogo, diálogo, no hay lugar para la violencia", puntualizó.

  Añadió: "Los estudiantes y las estudiantes de San Luis Potosí nos dieron una clase de lo que hay que hacer para que las cosas cambien y nos dieron una clase de ética".

  Por otra parte, Santiago Zamanillo externó que lo que sucedió en la Facultad de Derecho "no da lugar a que se inmiscuyan o que quieran sacar raja política los partidos políticos o algunos otros interesados, sería de la mayor bajeza".

  Por esto es que se debe de reflexionar a partir de "los acontecimientos que son tipificados por la ley como delitos, en ese sentido, lo que decimos desde Acción Nacional es que hay que ir a fondo con procesos transparentes donde se respeten los derechos, pero que también se revisen las responsabilidades, esto no puede quedar impune".

  Lo anterior, respecto al gran nicho de oportunidad que representa para la Universidad Autónoma desde el ámbito de la autoridad y de la comunidad universitaria, ya que puede realizar cambios sustanciales para lograr cambios significativos en materia de seguridad para toda la comunidad.

  Lo que ha sucedido, aseguró José Luis Fernández, "evidencia que la Universidad Autónoma carece de protocolos para atender este tipo de asuntos, la verdad es que la máxima casa de estudios en San Luis Potosí presenta un grave riesgo de violencia en contra de las mujeres, pues cada 8 de marzo, la autónoma es de los principales clientes de reclamos de una gran parte de quienes asisten a la marcha".

  Aseguró que es totalmente lamentable: "se prendan otro tipo de focos y que perdamos de vista el verdadero problema de la universidad, que tiene que ver con la falta de un protocolo que garantice la libertad absoluta de todos sus estudiantes y que garantice la no violencia hacia ninguna persona, pero en especial hacia las mujeres".

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  Reiteró que se necesita de un trabajo colaborativo entre toda la sociedad para garantizar la integridad de todos los estudiantes, porque es muy lamentable que ellos tengan que ver en la necesidad de manifestarse porque no se les está haciendo caso a lo que ellos denuncian que viven en las facultades y en las calles.