Una nación que no otorga oportunidades de desarrollo a los jóvenes ha dejado de ser viable. El momento de la juventud debería ser uno de gran aprendizaje cuando las personas pueden encontrarse con preceptores, guías y maestros. Esto suele ocurrir en las universidades, aunque no siempre sucede así. Cuando pasa que conocemos a un gran maestro, sabemos que nuestro futuro será promisorio. La educación universitaria debería propiciar estos acercamientos que le pueden cambiar la vida a las personas jóvenes. Muchos de estos encuentros entre maestros y aprendices también pueden suceder en los centros de trabajo. El problema es que cuando alguien no tiene la oportunidad de aprender de otros más diestros, se le comienzan a cerrar puertas en la vida. Lamentablemente, esto está sucediendo en el caso de los jóvenes que, por una u otra causa, no pueden realizar estudios universitarios. Para paliar esta situación, durante el sexenio que está por terminar, el gobierno puso en marcha el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", con la intención de que estos jóvenes pudieran integrarse al mercado de trabajo, aprendiendo de gente competente un oficio o una habilidad. La idea era buena pero su ejecución no ha sido la mejor, para ponerlo de una manera tersa. La verdad de las cosas es que la Auditoría Superior de la Federación informó que hubo 175 millones de pesos gastados de forma irregular en este programa. Por si fuera poco, 200 beneficiarios del programa eran funcionarios públicos y no jóvenes desempleados. Estos actos de corrupción son inadmisibles. Sin embargo, hay un problema operativo de orden mayor. De acuerdo con varias investigaciones, muchos de los jóvenes del programa no ejercen un trabajo en concordancia con lo que estudiaron, debido a la falta de disponibilidad de empleos dentro del programa. A pesar de estas deficiencias, se necesita continuar ayudando a este sector de la sociedad. Por ello, es una buena noticia que se haya aprobado en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 123 con el fin de que el Estado brinde un apoyo de al menos un salario mínimo a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estén estudiando o trabajando. Se tiene planeado que esta capacitación sea hasta por un año. Para que esta vez sí haya éxito, es fundamental que las Leyes Secundarias en la materia se ajusten a lo establecido en la Comisión Normativa sobre Aprendizajes de la Organización Internacional del Trabajo. La correspondencia entre nuestro marco normativo y regulaciones internacionales garantizará la justicia de la reforma recientemente aprobada y contribuirá a evitar casos de corrupción. El objetivo último es que los jóvenes puedan adquirir habilidades útiles para ser contratados por empresas mexicanas. Este programa debería ser complementado con otro que pudiera enseñar a las jóvenes capacidades para convertirse en pequeños empresarios. Por ello es de lamentar que en el pasado sexenio se haya decidido eliminar al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a través del cual se habría podido implementar un programa similar al Small Business Administration en Estados Unidos, que enseña capacidades emprendedoras a muchos estadounidenses. Quizás no sería una mala idea pensar próximamente en la creación de un organismo equivalente al INADEM. Por lo pronto, habrá que implementar todas las medidas necesarias para evitar las graves pifias en que se incurrió el sexenio que está por terminar. Sólo así les podemos ofrecer una oportunidad de florecer a muchos de nuestros jóvenes. POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER

FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO Y UNID@S

@GDEHOYOSWALTHER