Las universidades públicas del país enfrentan un inicio de año marcado por la incertidumbre financiera y por la necesidad de defender su autonomía frente a criterios presupuestales y de fiscalización que, advierten, no siempre se apegan al marco constitucional. Este panorama ha llevado a diversas instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a frenar la firma de convenios de financiamiento mientras se revisan sus alcances y viabilidad.

El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, señaló que el incremento presupuestal planteado en el convenio Federación-Estado para 2026 no sólo resulta insuficiente frente a la inflación, sino que presenta inconsistencias que podrían generar afectaciones tanto para las universidades como para las finanzas estatales, por ello, explicó, las instituciones decidieron detener el proceso y solicitar correcciones antes de formalizar cualquier acuerdo.

A esta preocupación se suma el debate sobre la fiscalización de los recursos universitarios, tema que ha generado fricciones en distintos estados. Al respecto, Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMERILLAT) y tesorera general de la Universidad Autónoma de Guerrero, afirmó que recientes resoluciones judiciales han reafirmado los límites legales en esta materia.

Explicó que la Constitución y la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas establecen con claridad que los recursos de origen federal transferidos a las universidades sólo pueden ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación, lo que delimita las competencias de los órganos fiscalizadores estatales: “Las resoluciones lo único que hacen es dar mayor claridad y reforzar el respeto a las atribuciones de cada autoridad”, puntualizó.

Jiménez Zamora advirtió que cuando los gobiernos estatales intentan fiscalizar directamente a las universidades sin un sustento legal claro, el tema puede convertirse en una problemática que trasciende lo administrativo y se inserta en el terreno político, afectando la operación y la autonomía de las instituciones y subrayó que las universidades no son entes opacos, pues cuentan con órganos internos de control, consejos universitarios y auditorías permanentes, además de que sus informes financieros son públicos y revisados anualmente.

Respecto de los llamados recursos propios, aclaró que las universidades no recaudan impuestos ni derechos como los gobiernos locales, sino que generan ingresos a partir de actividades académicas y aportaciones que permiten cubrir necesidades que el presupuesto público no alcanza a solventar, dichos recursos, dijo, están regulados por las leyes orgánicas y estatutos universitarios, y forman parte del patrimonio que las instituciones administran de manera autónoma.

En este contexto, recordó que la Ley General de Educación Superior establece la gratuidad de la educación pública, pero también contempla la creación de un fondo de compensación que hasta ahora no ha sido plenamente implementado, lo que obliga a las universidades a apoyarse en recursos autogenerados para mantener condiciones adecuadas de enseñanza.

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Finalmente, Jiménez Zamora confió en que prevalezca el respeto institucional, al señalar que actuar en contra de las universidades implica afectar directamente a estudiantes, docentes y a la propia sociedad: “La mayoría de las universidades hemos avanzado históricamente con el respaldo de los gobiernos estatales, y ese acompañamiento es clave para garantizar educación, ciencia y desarrollo”, concluyó.