El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura, se reunió con Neil Castro Ortega presidente del capítulo San Luis Potosí de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), con Ramón Báez y con Fernando Díaz de León Hernández expresidente de la misma, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto en materia de transparencia en operaciones de compraventa inmobiliaria y fortalecimiento de la intermediación inmobiliaria, presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril de 2026. Durante el encuentro, el legislador potosino expuso los tres ejes centrales de la propuesta: • reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para garantizar que los compradores reciban información completa y veraz antes de cualquier transacción; • la creación del Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; • y la incorporación del sector inmobiliario dentro del mandato de simplificación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. La dirigencia de la AMPI San Luis Potosí manifestó su respaldo a la iniciativa y reconoció que la propuesta eleva a rango federal los estándares de profesionalización que la asociación ha promovido durante años. Los representantes del sector destacaron que los agentes certificados y activos cumplen ya con los requisitos contemplados en la reforma, por lo que su implementación representaría un reconocimiento a quienes ejercen la actividad con responsabilidad. Valladares Eichelmann subrayó que San Luis Potosí es el modelo que inspira la iniciativa federal. "El Congreso del Estado aprobó en noviembre de 2025, por unanimidad, una reforma que obliga a los agentes a acreditar conocimientos, contar con al menos 120 horas de capacitación y exhibir su número de registro en toda publicidad. Eso es exactamente lo que buscamos replicar en todo el país", señaló el legislador.  La iniciativa reconoce expresamente la validez de los registros estatales existentes, los cuales serán integrados de manera automática al Registro Nacional siempre que cumplan con los criterios mínimos de homologación, evitando duplicidades y respetando el sistema federal. Transparencia al consumidor. Se establece la obligación activa de entregar información completa antes de cualquier compraventa. La omisión o falsedad de datos será tipificada como práctica comercial engañosa, otorgando a la Profeco herramientas sancionadoras directas. Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios. Padrón adscrito a la Sedatu, de carácter informativo, gratuito y con plataforma digital pública de consulta en tiempo real. La inscripción será renovable cada tres años y requerirá acreditar certificación de conocimientos, mínimo 120 horas de capacitación y compromiso con un código de ética. Certeza jurídica para el agente diligente. Se incorpora una cláusula de responsabilidad equilibrada que exime al intermediario de responder por información falsa de terceros, siempre que haya actuado de buena fe y verificado la información en la medida de lo posible. Digitalización de trámites. Se incorpora al sector inmobiliario dentro del mandato de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, aprovechando herramientas como la Llave MX y el Expediente Digital Ciudadano para agilizar permisos, registros y compraventas. La iniciativa no implica la creación de nuevas estructuras administrativas ni la asignación de recursos presupuestales adicionales. Contempla un periodo de transición de 180 días para que los profesionales en activo soliciten su inscripción, durante el cual no se impondrán sanciones.

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Los registros estatales que cumplan con criterios mínimos de homologación serán integrados automáticamente al padrón nacional. La propuesta se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y con el Programa Nacional de Vivienda 2025-2030, en el marco de un sector que aporta el 5.4% del PIB nacional y genera 2.25 millones de empleos en el país.