La propuesta de la presidencia de México para crear filtros contra la infiltración del crimen organizado en las elecciones busca crear una "Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas" dentro del INE. Esta pretende trabajar con instancias de seguridad e inteligencia para revisar perfiles de aspirantes y detectar flujos financieros inusuales o nexos delictivos. No obstante, esto no representa una garantía de que candidatos reciban o no estos financiamientos.

“Lo que pasa en muchas candidaturas en varios estados es que llegan y se postulan en entidades federativas o en territorios donde el crimen organizado ejerce una influencia comercial, territorial y quizás hasta política [...] si el crimen llega y somete una candidatura, el esquema de trabajo funciona en que te alineas, o te hacen renunciar, por decir lo menos”, aseguró Marco Iván Vargas, experto en temas electorales.

“El hecho de que un partido político registre o no a determinado personaje, no garantiza la inocuidad del ejercicio de la función pública”, agregó, pues a pesar del dictamen que se establezca sobre los perfiles, es decisión de los partidos establecer o no la alianza, lo que podría restar efectividad a la reforma.

Refirió también la posibilidad de una politización a la labor del INE, ya que su autoridad administrativa únicamente se dedica a la organización de las elecciones. Involucrar a sus trabajadores en operaciones de inteligencia financiera representa un riesgo.

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A pesar de las verificaciones, mencionó que los flujos de efectivo podrían ser detectado hasta unos días antes de la contienda, por lo que su distribución podría enfrentar problemas de detección, y de hacerse, sale de las facultades de la institución: “Si el Estado mexicano tiene la capacidad de poder detectar eso, esto es un tema de procuración de justicia [...] parece más que alguien quiere lavarse la cara con esta propuesta”, señaló.