La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato con la finalidad de tipificar la violencia obstétrica como delito y establecer sanciones para el personal de salud que incurra en conductas que vulneren los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. Al hacer uso de la tribuna, la legisladora señaló que la violencia obstétrica constituye una forma de violencia institucional y de género que implica un trato deshumanizado, la realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado, la negación de la autonomía de las mujeres y otras prácticas que afectan su dignidad, integridad física y emocional. Agregó que organismos internacionales han reconocido este fenómeno como una violación a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, indicó que, si bien en Guanajuato la violencia obstétrica ya se encuentra reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, actualmente no existe una sanción penal específica para quienes incurran en estas conductas. En ese sentido, comentó que diversas entidades federativas ya han incorporado ese delito en sus códigos penales. García Oliveros refirió que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en Guanajuato más de 128 mil mujeres de entre 15 y 49 años reportaron haber sufrido algún tipo de maltrato durante su último parto, incluyendo procedimientos médicos sin autorización, violencia psicológica, trato denigrante, retraso injustificado en la atención y obstáculos para el contacto inmediato con sus hijas e hijos. Explicó que se pretende incorporar un capítulo denominado Violencia Obstétrica en donde se sancionará, entre otras cosas, negar atención médica oportuna de manera injustificada; alterar el proceso natural del parto o practicar cesáreas sin consentimiento informado; ejercer presión para inhibir la decisión reproductiva de las mujeres; impedir el apego inmediato con el recién nacido sin causa médica; e imponer métodos anticonceptivos o realizar procedimientos de esterilización sin consentimiento expreso. La propuesta contempla penas de tres a seis años de prisión y multas de cincuenta a trescientos días. Finalmente, la diputada manifestó que se busca visibilizar una forma de violencia que históricamente ha sido normalizada y contribuir a que la atención médica durante el embarazo, parto y puerperio se brinde con respeto a la dignidad, la autonomía y los derechos de las mujeres.

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