Durante los dos últimos procesos electorales en Querétaro se registraron 51 denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), mientras que solo cuatro personas fueron sancionadas por el Tribunal Electoral local, informó la investigadora Alejandra Martínez Galán durante el conversatorio Mujeres en la Política: Escenarios de la violencia política en contextos locales. Ante el Instituto Nacional Electoral se recibieron tres denuncias relacionadas con violencia política contra las mujeres en los dos procesos electorales analizados, sin que ninguna derivara en una sanción. Y, ante la fiscalía, se registraron 36 casos, pero ninguno fue judicializado.  En ese sentido aseguró que este patrón de denuncias recibidas pero no resueltas se interpreta como un mecanismo que normaliza la violencia y reproduce la impunidad, desalentando a las mujeres a denunciar. Sobre la participación política de las mujeres en el ámbito municipal, indicó que la presencia en presidencias municipales ha disminuido en los últimos procesos electorales. En 2018 seis mujeres encabezaron ayuntamientos; en el periodo 2021-2024 fueron cinco y actualmente hay cuatro presidentas municipales de un total de 18 municipios en el estado.  “Los avances normativos en materia de igualdad no se están traduciendo necesariamente en una presencia sostenida de mujeres en los cargos ejecutivos locales”, expresó.  En cuanto a los tipos de violencia identificados, el estudio incluyó una investigación cualitativa realizada en 2025 con tres entrevistas a mujeres que participaron en el último proceso electoral municipal y que reconocieron haber vivido violencia política durante sus candidaturas. Los principales tipos de violencia detectados fueron la digital, la psicológica y la institucional, presentándose de forma simultánea y acumulativa La investigadora explicó que este tipo de agresiones ocurre con mayor frecuencia en el ámbito municipal, donde las relaciones políticas y personales son más cercanas y directas, lo que intensifica los conflictos y las presiones contra las participantes en la contienda electoral. En el análisis también se señala que en la entidad persiste una narrativa pública que minimiza los casos de violencia, al considerar que el estado mantiene condiciones de seguridad y estabilidad política, lo que dificulta reconocer y documentar estos hechos. Los hallazgos específicos en cuanto a la normalización de la violencia a partir de la violencia psicológica incluyen: tácticas de manipulación y deslegitimación, entumecimiento emocional y la postura de pensar que la violencia es parte de la política, minimizando la gravedad de los hechos y sus consecuencias. “Esta violencia se vuelve invisible al ser interpretada como parte de la dinámica política, lo que permite su reproducción y debilita los avances institucionales orientados a garantizar la participación plena de las mujeres. Y la falta de sanción por parte de las instituciones es otro de los factores centrales que contribuyen a la normalización porque transmite el mensaje de que estas conductas son tolerables o no constituyen una falta grave” puntualizó Martínez Galán