La renta o la compra de casa padece la falta de controles en los precios, lo que empuja a las y los jóvenes a las periferias; esto los marca con el estigma de “No tienen casa porque quieren”, que ha generado movimientos sociales para la crítica e impulso de soluciones.

Así lo analizaron expertos en el conversatorio “Vivienda y desigualdad. ¿Los jóvenes no tienen casa porque no quieren?”, coordinado por el investigador del CUCSH, doctor Máximo Ernesto Jaramillo Molina, quien analizó la crisis del acceso a la vivienda de los jóvenes y que ya adquiere graves dimensiones.

La ciudad genera narrativas en torno a que los jóvenes “no tienen vivienda porque no quieren”, planteadas en el libro Pobres porque quieren. Mitos de la desigualdad y la meritocracia, que es la construcción de las desigualdades de los más vulnerables, dijo.

“Hay múltiples artículos, medios y opinólogos que afirman que los jóvenes no quieren vivienda, sino viajar, comer platillos sofisticados y gastar en tonterías, y por eso no tienen el ingreso suficiente para adquirir una casa”, declaró enfático. 

Se desplaza el objetivo de procurar políticas públicas y, en cambio, se enfocan en el discurso simplista de “no le echan ganas para tener una casa”. “Al final –destacó Jaramillo Molina–, es una lucha de clases, donde hay un proceso de un gran despojo; el parque habitacional está en manos de pocos agentes que controlan la especulación y el precio de las viviendas. Así, se crea una clase desposeída sin medios de producción y sin un lugar para vivir”.

Bernardo López, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales del CUCSH, destacó la disparidad y distancia del salario para la compra de una casa, y menos para la renta. “La dificultad de vivir cerca del trabajo, estudio o actividades de ocio, porque los precios de renta son altos”, subrayó.

Para revertir las distancias, López propuso la exigencia al Infonavit para que todas las personas puedan acceder a la vivienda y no sólo los trabajadores empadronados.

Andrés de la Peña, del colectivo ViviendaYa, apuntó que hay un discurso alrededor de la vivienda racista y elitista para un sujeto ideal hegemónico que merece la mejor vivienda y, por otro lado, una necesidad masiva de vivienda que busca apoyos del gobierno.

Agregó el superávit de vivienda en Guadalajara y Monterrey, cuyo objetivo es la producción de vivienda para especular y no para vivir. “Lo que se produce no es vivienda; se producen productos de inversión y el problema es que hay quienes ganan de la crisis de vivienda”, dijo.

En este tenor, De la Peña sugirió explorar un abanico de soluciones, probar todas las opciones para generar conocimiento y avanzar en el entendimiento del problema.

La diputada local del Distrito 14 de Tlajomulco, Mariana Casillas, precisó como principal problema las 77 mil viviendas deshabitadas en ese municipio, y el acceso a viviendas de mala calidad. 

“Se cruza el tema de la vivienda y el derecho a la ciudad porque es un tema; entre más cerca, más caro, y eso obliga a comprar más lejos, casas en mal estado y con la baja percepción de seguridad del municipio”, dijo la legisladora.

Ese tipo de vivienda está asociada con baja calidad en el transporte público, servicios y seguridad; donde hay mucha vivienda con mucha gente sin hogar.

La legisladora Mariana Padilla propuso soluciones como acuerdos para regular a los constructores y políticas de vivienda para personas con vulnerabilidad, y fomentar el subsidio a rentas a universitarios menores de 25 años 

Samuel Alfaro, del Grupo Anti Gentrificación, precisó que la crisis es nacional, con 16 por ciento de viviendas deshabitadas; esto ha generado movimientos de autonomía y procesos comunitarios que surgen para procurar el acceso a la vivienda.

Para Eduardo Esparza, del Grupo Anti Gentrificación, se trata de un problema de hábitat integral y de amplio espectro que jala otras crisis como la del transporte, materiales de vivienda, servicios básicos agua y la pérdida de los espacios de recreación y del tiempo.