UNA DE LAS cosas que más llamaron la atención y prendieron las alarmas en diversos ámbitos del gobierno federal en el caso de Ismael El Mayo Zambada, fue el avión que lo trasladó. Secuestro o entrega voluntaria a Estados Unidos, lo que nadie se explica fue que nadie tenía los detalles de la aeronave en que viajó, también, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Dicen los cercanos a las autoridades de seguridad, que una de las razones por las cuales la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación para conocer la verdad apunta a la milicia. Y es que desde el 3 de marzo del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que reglamenta los artículos constitucionales 27,48 y 73. Estipulan que todas las medidas, acciones y procedimientos para preservar la seguridad, soberanía e independencia nacionales del espacio aéreo mexicano, estén bajo la autoridad y coordinación del ejército. El asunto es que el 26 de julio, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, se dieron datos erróneos del avión, el piloto, los horarios y el aeropuerto del que salió el Beechcraft King Air que transportó a los narcos. Primero dijeron que salió de Sonora, cosa que desmintió el gobernador Alfonso Durazo, y después el propio Zambada reveló que el aeródromo del que salió el avión estaba en Culiacán. A escasos 25 minutos del lugar a donde fue llevado, con engaños, por el hijo del El Chapo, que está a las afueras de la ciudad de Culiacán, en el estado gobernado por Rubén Rocha Moya. Eso restringe las posibilidades a 3 o 4 aeródromos, los cuales deberían estar controlados por la Agencia Federal de Aviación Civil, que dirige el general Enrique Vallín Osuna. Y también custodiados por la Guardia Nacional, que capitanea el general David Córdova Campos, instituciones, ambas, que debieron haber dado permiso al plan de vuelo. Asimismo, tenían que conocer los nombres de los pasajeros y la matrícula y condición de la aeronave, es decir, si era nacional y a quién pertenecía, o extranjera y si tenía permiso de internación.  Pero más allá de eso, nadie se explica cómo el avión voló durante poco más de dos horas y media sin ser ni identificado por los servicios de tránsito aéreo, ni alertado a la hora que cruzó la frontera. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, vigila el espacio aéreo mexicano para preservar la seguridad, soberanía e independencia de éste, ¿y no se enteró? Aquí hay muchas preguntas: ¿no existe control del espacio aéreo? ¿Si sí existe y el avión fue identificado, por qué nadie alertó de su presencia? Y si alguien alertó ¿a quién se lo dijeron? TELEVISA SORPRENDIÓ A anunciantes y otros medios cuando reveló, la semana pasada, que su programa La Casa de los Famosos México, en tan solo tres semanas, había tenido más de 6.5 mil millones de reproducciones de video en diferentes redes sociales. Es un caso extraordinario e histórico. Lo que llamó la atención fue que no anunciara su audiencia televisiva. Y es que esto se debe a que las principales televisoras del país han roto relaciones con Nielsen Ibope México, la empresa que dirige Federico Baumgartner, que tradicionalmente media las audiencias, toda vez que hay dudas de la certeza en sus mediciones y que, desde Estados Unidos, le quitan a esta oficina en México el certificado para operar. La industria mexicana de radio y televisión, más anunciantes y agencias de mercadotecnia, están confirmando un nuevo sistema de medición que será similar al que se utiliza en Gran Bretaña y que, en resumen, se trata de un Comité de Industria en donde cada paso de las mediciones es licitado y auditado entre medios, anunciantes y agencias de publicidad. Los reguladores de las telecomunicaciones en México y de la competencia ya conocen el nuevo proyecto, mismo que ya ha sido firmado ante notario público y pronto empezará a dar resultados.

MUCHOS SOLO HABLAN de la Reforma al Poder Judicial Federal, pero el jueves pasado, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fue muy enfática en que pondrá orden en las concesiones de agua del país. Entre la situación de sequía que vive la mitad de México, y el abuso de algunas industrias, en octubre vendrá una profunda reforma a la Ley Nacional de Aguas Nacionales. En la mira están las tomas clandestinas y las industrias que usan excesivamente el agua para realizar su producción. Parte central de la estrategia será incorporar al régimen concesionario la opinión de las comunidades aledañas a estas industrias. La reforma tiene previsto cobrar un precio justo por el agua, evitar abusos y transferencias indebidas. Una vez que esta iniciativa se presente, levantará muchas cejas, de ahí que uno de los nombramientos clave sea el próximo director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo hoy de Germán Martínez Santoyo. POR CIERTO QUE varios nombres suenan para encabezar la Conagua. Apunte a Aarón Mastache, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola del mismo organismo; el diputado y Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Rubén Muñoz, y el ex subsecretario de Gobierno de la CDMX durante la administración de Claudia Sheinbaum, Efraín Morales. HOY CLARA BRUGADA dará a conocer su gabinete. Como le informamos hace ya un buen rato, Juan Pablo de Botton será su secretario de Administración y Finanzas, y todo apunta que Citlalli Hernández será la secretaria de Gobierno. TÓMELO CON RESERVAS, otro que en los últimos días empezó a sonar como subsecretario de Hacienda es Edgar Amador. El actual asesor de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, se une ya a una larga lista. POR DARÍO CELIS ESTRADA      

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