Hace 40 o 50 años, cualquiera podía acceder a mi número de teléfono: bastaba consultarlo en las páginas blancas del directorio, donde figuraba a nombre de mi abuela. El riesgo de que esa información fuera pública era, si no nulo, bajo: ¿qué podía hacerse con un número de teléfono fijo? ¿Chistes bobos? (“¿Señora, está andando su refrigerador? ¡Pues deténgalo, no se le vaya a ir!”). ¿Llamadas obscenas? (Llegada la adolescencia, a mis amigos y a mí nos dio por los jadeos.) Cierto es que alguna vez recibimos una llamada insultante –no para mi abuela ni para mí: para mi madre, que sí era (y es) figura pública– pero también que resultó un hecho aislado no sólo porque era más difícil rastrearla a partir del nombre de su madre sino porque en aquel remoto entonces –pre redes sociales– a nadie se le ocurría buscar a un profesional de la comunicación para compartirle su ira, su escarnio o su odio. En estos tiempos post revolución digital, un número telefónico –celular, se entiende; ¿quién usa ya el teléfono fijo?– es un arma poderosa. En todo celular mora –o al menos resulta accesible– información personal, médica, financiera, profesional: biometrías hemáticas, cartas de amor, estados financieros, opiniones políticas, contraseñas de cuentas bancarias, mensajes en crisis al psicoanalista, fotos privadas. También habita en él un canal privilegiado de comunicación –o dos: algunos tenemos Telegram además de Whatsapp– por el que es posible enviar toda suerte de materiales con toda suerte de discursos, incluidos los de odio, tan frecuentes ahora que casi toda comunicación con casi cualquier persona puede ser de ida y vuelta, ahora que el anonimato nos envalentona a poner en acto lo peor de nosotros. Hacer público un número telefónico en un canal de YouTube con más de 4 millones de suscriptores, en un producto de comunicación seriado cada uno de cuyos capítulos promedia 500 mil vistas, constituye no sólo una falta moral sino una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. El Instituto Nacional de Acceso a la Información debe actuar, como parece estar haciéndolo ya. Debemos condenar la afrenta de que fue víctima la periodista Natalie Kitroeff. No estoy seguro, sin embargo, de que “filtrar” el propio teléfono en redes sociales –como han hecho muchas colegas, algunas admiradas por mí, la mayoría adscritas a Opinión 51– transmita el mensaje adecuado. Hacer público el propio teléfono visibiliza el problema –mantiene la afrenta a Kitoeff en la discusión pública– pero también lo banaliza; permite reacciones como “¿Qué tan grave puede ser que se conozca si hasta ellas mismas lo hacen?”, termina por reforzar el “Si está tan preocupada, que lo cambie”. La solidaridad está muy bien. El Estado de derecho está mejor.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

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