Editorial EL UNIVERSAL / Lo que urge en seguridad

En materia de seguridad es poco lo que puede cuestionarse sobre la actuación de fuerzas federales, tanto policiacas como militares, al momento de desempeñar tareas de seguridad pública. Debido a su capacidad de respuesta es que las bandas criminales no han logrado expandirse más. Aunque hace años las denuncias por violaciones de derechos humanos por parte del Ejército eran comunes, actualmente han disminuido y se ha dado un compromiso público de mejorar cada día en ese aspecto. Ayer se dio a conocer que entre los planes del próximo gobierno está convocar a 50 mil jóvenes para que se sumen a Ejército, Marina y Policía Federal. ¿No sería más conveniente reforzar sólo a esta última corporación para disminuir la presencia militar en las calles? Organizaciones civiles han desaprobado que el Ejército realice tareas de seguridad, pues su formación no es esa, y desde 2012 ha sido mínimo el crecimiento del número de agentes de la Policía. De acuerdo con el último Informe de Gobierno, la Policía Federal cuenta con 37 mil efectivos y las Fuerzas Armadas 269 mil elementos. Sin embargo, el anuncio de reforzar las fuerzas federales olvida un elemento importante: si algunas corporaciones requieren consolidación, capacitación y atención esas son las corporaciones policiacas estatales y municipales. En ellas se encuentra el más grave problema en el país, al momento de brindar seguridad. El estudio Semáforo del Desarrollo Policial 2015 de la organización Causa en Común encontró que los agentes de las corporaciones estatales no tienen oportunidades de desarrollo profesional, viven incertidumbre laboral, cuentan con capacitación deficiente y desigual entre una entidad y otra; además, 26 estados no cumplen con las evaluaciones de habilidades destrezas y conocimientos y 15 no realizan exámenes de desempeño. Un estudio más reciente, de 2017, también de Causa en Común, menciona que la mitad de los policías del país percibe un salario menor a 10 mil pesos mensuales, que 40%considera que hay corrupción dentro de su corporación y que se presenta en mayor medida en los mandos altos. Y lo más grave: 92% de aquellos que tienen la encomienda de proteger a la ciudadanía se sienten vulnerables. Por supuesto que se requiere reforzar a las fuerzas federales ante el embate del crimen, pero no se puede olvidar la situación de carencias en que se encuentra la mayoría de policías municipales y estatales. Está concluyendo un sexenio en el que se prometió todo para consolidarlas, pero se hizo muy poco. La demanda de atención tiene calidad de urgente. OPINIÓN/ ¿Volver al 68? Hacia una política laboral y salarial para el desarrollo

Resulta paradójico el hecho de que 1968, año de la movilización estudiantil y popular autónoma de mayor envergadura que nuestro país ha vivido después de la Revolución, coincidió con uno de los puntos de más alto nivel salarial relativo en México. Dicho de pasada, ello indica que las motivaciones económicas inmediatas no producen por default protestas políticas, como una cuestión de acción-reacción predeterminada y predecible. Las protestas políticas tienden a asociarse a asuntos que lastiman la dignidad personal y social, y sus vasos comunicantes pueden ser internacionales, como en el caso del año que nos ocupa. La paradoja de 68, también, nos indica que si bien las clases trabajadoras mexicanas pudieron ser simpatizantes silenciosas del movimiento estudiantil popular, en general éstas permanecieron al margen, como espectadoras, un poco divididas y en el fondo ajenas a los temas centrales de la protesta de estudiantes y clases medias urbanas, a diferencia del mayo francés, por ejemplo. La defensa de la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, y más adelante, la denuncia de la brutal represión en Tlatelolco, fueron un tema secundario para los obreros. México vivía entonces un panorama favorable para el empleo y las expectativas de crecimiento salarial. No en balde, el salario medio industrial se había duplicado, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1968. Ubicado en la cima de su poder, el charrismo sindical presumía su control, basado en la fórmula de sumisión política a cambio de aumentos salariales regulares. Ello permitió al eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez, pronunciar sus declaraciones en favor del presidente Díaz Ordaz después del 2 de octubre, en nombre del movimiento obrero. Cincuenta años después, el panorama laboral que vivimos es el opuesto, tanto en el terreno del mercado de trabajo, caracterizado por la ausencia de oportunidades ocupacionales suficientes y dignas a todos los niveles, incluidos los empleos de calificación relativamente alta, como por el piso salarial forzadamente bajo. Decimos forzadamente, tanto por efecto de la debilidad del propio mercado -la sobreoferta de mano de obra propia de los países atrasados-, como por la desintegración del sindicalismo de todo tipo, así como por el carácter antiobrero de la política de los gobiernos del TLC, orientados al crecimiento basado en las exportaciones, cuyo complemento natural consiste en deprimir el costo salarial como arma competitiva. Así, una de las piezas clave de la estrategia antiobrera fue el control férreo del salario mínimo, verdadera ancla para toda la estructura salarial desde los años de la crisis de la deuda externa y los programas de estabilización del FMI. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos llegó a ser supervisada por organismos financieros internacionales. La debacle salarial comenzó en aquellos años, pero sus efectos se congelaron hasta hoy, con la excepción de pequeños segmentos del espectro salarial ligados a las antiguas empresas estatales (y sus sistemas de jubilación privilegiados, por ejemplo), a la élite del sector financiero o a la casta dorada del poder judicial, con la joya de la corona representada por los impúdicos ingresos y condiciones laborales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para la inmensa mayoría de los trabajadores de a pie, más de tres décadas de vacas flacas. ¿Será por fin la época de cambiar el sentido del ciclo salarial de largo plazo? ¿Volver a un nuevo 68? La novedad, por supuesto, es el impulso popular que ha llevado al hasta hace muy poco despreciado “líder populista” en los medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador, “el fantasma de Venezuela”, a su inminente toma de posesión como nuevo presidente de México. Un verdadero terremoto electoral. Pero, ¿cuál será la política laboral y salarial del nuevo gobierno? ¿La tiene? Desafortunadamente, contamos solamente con pocas pistas y algunas conjeturas. Ello se basa en otra paradoja. Por un lado, es evidente que el triunfo de AMLO se asentó en buena medida en el voto de millones de trabajadores asalariados a favor suyo, pero por otro lado Morena no es un partido de trabajadores urbanos, con una estructura asociada a sindicatos o círculos de obreros. El Movimiento de Regeneración Nacional se construyó alrededor de un proyecto político-electoral, asociado a una mezcla variopinta de sectores vinculados a organizaciones de colonias populares, de comerciantes, de clases medias depauperadas; así como de organizaciones campesinas e indígenas, todos víctimas de la política de modernización excluyente que inauguró el Salinismo: ¡Muera el Estado obeso!, ¡Viva la competencia!, ¡Viva la propiedad!, y un implícito ¡Viva la corrupción! El grito de guerra de Morena: ¡Muera la corrupción!, por tanto, convocó a millones. La coalición probó ser eficaz, pero en ella el segmento de trabajadores asalariados como tales se diluye en la palabra pueblo. A diferencia de partidos como el PT brasileño, con un núcleo obrero organizado en su centro, Morena no es un partido de la clase trabajadora, repetimos, sino más bien un movimiento pluriclasista, con perfil nacionalista y acaso también “de raza”, indígena y mestizo. Muchos de sus militantes hicieron carrera política en otros partidos. Claro está, con sus propias contradicciones, como muestra la sorprendente boda de César Yáñez (el colaborador cercano de AMLO), en Puebla. Una boda tan cercana en forma y fondo a las de los “fifis” y “mirreyes”, ¡antes de tomar posesión!, acaso ameritaría plantear su separación del proyecto. En suma, Morena carece de una política laboral y salarial desarrollada (no lo requería para ganar las elecciones), pero la alianza y soporte de la clase trabajadora al nuevo gobierno, la exige. En cuanto a pistas y conjeturas, se desprende que su orientación puede favorecer un despegue de la organización sindical independiente, y una posible mejora de la negociación salarial a favor de los trabajadores. No tenemos espacio para desarrollar aquí los contenidos. Vamos apenas a enunciar tres ideas: Primera: se precisa de una política salarial progresiva. No repentina, ni fugaz, pero firme, asentada en una recuperación progresiva del mercado interno (que permita que el incremento de la demanda de consumo de bienes salario eleve el empleo local, y no sólo el extranjero, asociado a las mercancías importadas). Acaso el primer paso en esta política sea revertir la orientación sobre el salario mínimo como ancla, al de un salario como vela. La CONASAMI no tiene por qué desaparecer (como se ha sugerido), sino transformarse en una institución orientada a recuperar el texto constitucional, a procurar el bienestar de las familias trabajadoras, como sucedió en el Cardenismo, cuya herencia ha reclamado Morena. El tripartismo no es por naturaleza proliberal, ello depende de la fuerza relativa y orientación de los integrantes, especialmente del árbitro estatal. Segundo: Procurar una defensa efectiva de la contratación colectiva (como sostiene el recién firmado convenio 98 de la OIT en el nuevo Senado), lo que supone combatir el llamado outsourcing, que debilita extraordinariamente el lado obrero del mercado laboral. Tercero, y complementario a los otros dos: una política que favorezca la emergencia de representaciones sindicales autónomas, contra la gerontocracia y gangsterismo sindical. El panorama político social cambiaría. Las huelgas dejarían de ser reliquia del pasado o tratarse como actos antipatrióticos. Serían la expresión pactada para hacer valer el derecho de los trabajadores a una vida digna. Para volver a otro 68.  

Frentes Políticos I. Viva la paz. Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco, adoptará como suyas las propuestas del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para la conformación de la Fiscalía del estado. Sobre el nombramiento del fiscal, se comprometió a proponer perfiles que serán respaldados por la sociedad civil, expertos en la materia y una amplia mayoría legislativa. Añadió que se planteará un mecanismo de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno electo para la revisión y validación de la terna que deberá ser presentada ante el Congreso local. La “refundación de Jalisco”, dijo, pretende garantizar a los ciudadanos un gobierno de instituciones que respeten la ley, la protección irrestricta a los derechos humanos y mecanismos efectivos de participación ciudadana. Suena muy bien. Hágalo posible. II. Al final imperó el voto. Una democracia que se respeta apela, en primera instancia, al número de votos de los electores. Esta vez hubo un recuento que dio el mismo resultado, pero fue ayer cuando el Tribunal Electoral de Puebla ratificó el triunfo de Martha Érika Alonso en la elección a la gubernatura del estado. Los magistrados desecharon la presunción del rebase de tope de campaña, así como la intromisión del gobierno estatal en la jornada electoral. Además de que no es procedente declarar la nulidad de la elección, pues no son suficientes las pruebas y argumentos presentados por la coalición Juntos Haremos Historia; no obstante, anularon 59 casillas. ¿Aquí queda o nos vamos a foros internacionales con la queja de Luis Miguel Barbosa, el candidato derrotado? III. A deshoras. En los dos meses recientes, el Invea clausuró 141 desarrollos habitacionales de los mil 400 que, hasta finales de septiembre, se encontraban en construcción en la Ciudad de México, informó José Luis Valle, su director general. Dijo que las obras que se frenaron carecen de documentación o violaron los reglamentos en la materia. Comentó que en donde hubo mayores irregularidades fueron en las alcaldías de Benito Juárez (40 clausuras), Cuauhtémoc (26), Gustavo A. Madero (18), Xochimilco (16) e Iztapalapa (11). ¿Y dónde guardaron la lupa los meses previos al terremoto? Muchas vidas estarían hoy latiendo si hubieran hecho bien su trabajo desde entonces. IV. Muchas vueltas. El edil de Ixmiquilpan, Hidalgo, Cipriano Charrez, ha provocado un alboroto en el Poder Legislativo. Tras impactar su vehículo contra otro en el que murió calcinado un joven de 21 años, huyó. Argumenta que el sujeto llevaba combustible, es decir, que habría sido un huachicolero, lo que no le da el derecho, y su peor error fue no auxiliarlo. Esta semana se instalará el Comité de Ética de la Cámara de Diputados, que trabajará para hacer frente al desprestigio que tienen los legisladores, enfatizó el perredista Antonio Ortega, quien no descartó que uno de los primeros casos revisados sea el actuar del morenista. Lo que urge es saber cuándo lo captura la ley. V. ¿Dónde jugarán los niños? Al parecer, en México no. Está lejos de ser un país “adecuado” para la niñez, señaló Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En el Senado, apuntó que urge que los menores de edad “tengan relevancia política” en la vida pública para que no sean un cero a la izquierda en el presupuesto. “Tenemos un país adecuado para la población adulta y con grandes déficits u omisiones en bienes y servicios en garantía de derechos y de libertades también para la población de niñas, niños y adolescentes”, expuso desde el Senado. Rara nación esta, que primero olvida a sus adultos mayores, los reinserta y después se da cuenta de que no ha hecho mucho por los niños. ¿Y todo este tiempo, qué?, ¿nada? PASCAL BELTRÁN DEL RÍO / ¿Y dónde está el aeropuerto?

¿Hay alguien abordo que sepa cómo volar un avión?” Julie Hagerty, como la sobrecargo Elaine Dickinson. ¿Y dónde está el piloto? (1980)   Son tantos los enredos en torno de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que a ratos parece que uno está viendo una comedia, de esas en la que las cosas se dicen con tono serio cuando en realidad se está haciendo un chiste. Pero no hay nada cómico en no saber qué va a pasar con una obra monumental como el NAIM. Y no se sabe porque su suerte se decidirá en una consulta, que no tiene carácter oficial alguno y que, al momento de escribir estas líneas, desconocemos cómo se va a realizar, cuánto va a costar y qué pregunta(s) se va(n) a hacer a los ciudadanos para resolver la cuestión, entre muchas otras cosas. Hoy jueves estamos a exactamente dos semanas del inicio de la consulta –esta semana se dijo que se realizaría del 25 al 28 de octubre– y hay cosas básicas que no se han resuelto. Por ejemplo: el equipo de transición dice que quiere una segunda opinión sobre si es posible seguir operando el actual aeropuerto capitalino y, simultáneamente, uno que se construiría en los terrenos de la Base Aérea Militar de Santa Lucía. Esto es porque, por alguna razón, desconfía del dictamen técnico que ya emitió, en sentido negativo, la corporación MITRE, máxima autoridad en la materia, y, por ello, encargó un nuevo estudio a especialistas franceses, cuyos resultados se conocerían el lunes, diez días antes de la consulta. Por otro lado, el lunes pasado, en un video que fue colocado en sus redes sociales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ninguna manera aceptaría el nuevo gobierno pagar los 88 mil millones de pesos en recursos públicos frescos que supuestamente pide el fideicomiso que construye el NAIM en Texcoco, y que la única manera de que ese proyecto pudiera seguir adelante es si la obra se concesiona y lo termina el sector privado. Luego de decir eso, López Obrador agregó: “Pero eso lo va a decidir la gente”. Con todo respeto, es difícil que la gente pueda tomar una buena decisión sin saber: 1) si realmente es posible operar simultáneamente los aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía y 2) si el sector privado realmente pondría todo el dinero que falta para terminar los trabajos en Texcoco. ¿Qué pasaría si la gente vota por Santa Lucía y luego resulta que ninguna aerolínea quiere volar ahí por cuestiones de seguridad, o que la gente vota Texcoco y que no hay dinero público para concluir la obra, como ya advirtió López Obrador, y nadie más le quiere entrar? Pero así estamos, a dos semanas de una consulta sobre un tema fundamental para el desarrollo del país, con huecos informativos básicos. Imagine usted que el 17 de junio pasado no hubiéramos sabido quiénes eran los candidatos presidenciales para las elecciones del 1 de julio ni dónde se iban a imprimir las boletas ni cuánto iba a costar la votación ni dónde estarían las casillas. El próximo gobierno fue elegido por una amplia mayoría de votos. Tiene plena legitimidad para tomar las decisiones a las que está autorizado por la Constitución y las leyes reglamentarias. En ese sentido, ojalá se dejara de consultas –que legalmente no tienen valor alguno– y asumiera la decisión que, a su juicio, más conviene a México. Si es seguir con el NAIM en Texcoco y en qué condiciones, hacerlo. Si es cancelar esa obra, y pagar todo lo que se tiene que pagar por ello, adelante. Todo esto parece una comedia y debe cesar. Sólo falta que aparezca Leslie Nielsen en escena. Y a veces creo haberlo visto. El espectáculo que estamos dando al mundo es bochornoso. No es el de un país que cuida sus recursos, sino uno que no se puede poner de acuerdo en cómo y dónde hacer un aeropuerto, algo que muchos países hacen sin mayor problema. Pero no sólo no es chistoso por eso, sino porque un país debe cuidar su credibilidad ante los mercados. Sobre todo, en tiempos de alta volatilidad económica. Ayer, en su reunión anual, en Indonesia, el Fondo Monetario Internacional advirtió a los mercados emergentes de los riesgos en la estabilidad financiera mundial propiciada por la subida en las tasas de interés en Estados Unidos y otros motivos. Una mala señal, que mande un mensaje de desconfianza, puede provocar desde una salida de capitales –como lo acaba de experimentar Italia– hasta una pérdida en el apetito de inversión y, con ello, una caída de nuestra moneda.