México.- La Cámara de Diputados avaló en lo general y particular la Ley de Seguridad Interior, que establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrá exceder de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior. Con 215 a favor, 101 en contra y 4 abstenciones en lo particular, los legisladores definieron que con la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que ya esté la presencia de las Fuerzas Armadas tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior para sujetarse a esta nueva legislación. Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen, según publicó El Universal. "La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”, detalla el artículo 15 del documento. ¿QUÉ RESUELVE LA LEY DE SEGURIDAD? A su vez El Universal, publicó en una de sus columnas de opinión que dicha ley es la contraparte de lo que hace una década se hacía, ya que la labor de las tropas era principalmente de corte social y de apoyo ante desastres naturales. Esa orientación se modificó en 2006 cuando por orden presidencial grupos de militares fueron enviados a Michoacán para colaborar en la contención de la inseguridad que se había desbordado en ese estado. La propagación de grupos criminales, en combinación con corporaciones policiacas débiles o infiltradas por la delincuencia, tuvo como consecuencia que se volvieran escenas comunes los patrullajes del Ejército y la asignación de tropas a tareas de seguridad pública, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución establece que esa función corresponde a cuerpos civiles a cargo de la Federación, de los estados o los municipios. Organizaciones sociales, de derechos humanos —nacionales e internacionales—, así como el propio Ejército, señalaban la inconsistencia.

Durante todo este tiempo el Ejército ha venido realizando funciones que hasta ayer no se encontraban en ninguna normatividad. Este jueves se aprobó en el Congreso de la Unión la Ley de Seguridad Interior, que busca otorgar un asidero legal a la actuación de fuerzas militares en el combate al crimen. MEDIDAS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERNA De acuerdo con una publicación ventilada por Radio Formula, a petición de legislaturas estatales o Gobernadores, el Presidente podrá ordenar la participación de las Fuerzas Armadas en un territorio por casi 12 meses y será el único que tendrá la decisión de prolongar la estadía de elementos en casos excepcionales. Las Fuerzas Armadas podrán actuar de manera inmediata, luego de la orden emitida por el Presidente en situaciones de emergencia nacional, sin requerimiento alguno, no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior las protestas sociales o con motivos político-electorales. Las Fuerzas Armadas, en casos de no emergencia, sólo podrán intervenir en un territorio mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.  -- El Debate