Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras, ha llegado el momento de que las y los legisladores discutan las iniciativas de leyes secundaria en materia educativa. Esto es relevante porque marcará la ruta final de aterrizaje de lo promulgado en el artículo tercero constitucional en mayo pasado.   Sin embargo, desde la propuesta de la Ley General de Educación (LGE) y la Ley General para la Carrera de Maestras y Maestros (LGCMM) ya se observan fraseos desatinados que contravienen el espíritu – y la guía jurídica – de la misma carta magna. De aprobarse en estos terminos, nos colocaría ante una eventual y progresiva era de incertidumbre y confusión para todos, especialmente para los maestros y estudiantes que acuden diariamente a las escuelas de nuestro país.  En la LGCMM es delirante cómo se observa una falta de claridad (o retroceso) en los procesos de selección y promoción docente, ya que podríamos estar en la antesala de aceptar la injerencia del sindicato y sus facciones sobre estas determinaciones. Tal como se frasea en el documento publicado en la Gaceta parlamentaria, el sindicato tendría la posibilidad de conocer, previamente a la publicación oficial, la lista de aspirantes seleccionados al ingreso y promoción docente. Pero no queda ahí, sino que además tendría la facultad de hacer “adecuaciones” en el amparo de “defender los derechos de los maestros”. Esto es, mover de manera discrecional a una persona en la lista de ingreso y/o promoción docente, lo cual es preocupante porque el sindicato no tendría la obligación de hacer público los parámetros o indicadores que sustenten dicha decisión unilateral, estableciendo una triangulación de información al interior del mismo gremio que al paso del tiempo se transformaría en la lista “B” en los diferentes procesos que marcaría la ley. Sería ingenuo pensar que la armonización en la petición insistente de reconocer las “comisiones mixtas” por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es una simple coincidencia. Por otro lado, la centralización de la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) podría generar una trasgreción en las atribuciones de los estados para garantizar in situ la transparencia y efectividad de los procesos, mecanismos y estrategias derivados de la leyes secundarias. A esto le agregamos la influencia que pudiera tener en el nuevo órgano evaluador, lo cual representaría una falta de confianza hacia los datos que presente sobre política educativa en el futuro inmediato, alentando la improvisación y el pragmatismo en la toma de decisiones en políticas públicas educativas. Otro aspecto que llama la atención es que no se prevén espacios para la participación informada y activa de los principales involucrados en los procesos educativos. Es de notar que se reconoce en la Constitución a las y los maestros como agentes de transformación social, pero en las leyes secundarias, no se plantean mecanismos para recuperar sus aportaciones desde la experiencia en la escuela, muchos menos de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) y las familias. Esto contraviene la constitución porque podríamos estar en la antesala de regresar a privilegiar el rol operativo de los maestros a través de programas y guías que solo replican una ideología política como consigna en la “pacificación magisterial” y una ausencia consciente y sistemática de otros actores fundamentales para la consolidación de la transformación escolar. Conceptos de avanzada como inclusión e interculturalidad quedan fuera de la redacción de estas propuestas de leyes secundarias. Además no se describen aspectos vinculantes con la formación de maestros en estas dimensiones que nos permitan visualizar una transición hacia nuevos paradigmas educativos.  Procesos como el de evaluación docente carecen de la construcción de un marco específico ya que las leyes no contemplan la elaboración de perfiles y los responsables de su diseño para las distintas figuras involucradas en los procesos de ingreso, selección y promoción, los cuales deben ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales. En esto último también se trasgrede, ya que se dará preferencia, desde la ley, a egresados de escuelas normales e instituciones formadoras de docentes. Entiendo a la perfección la lógica de pensamiento en esta idea, sin embargo me parece que las diferencias no pueden estar sustentadas por cuestiones históricas, sino a través de instrumentos confiables como evidencia puntual de sus capacidades. Así, contaríamos con información pertinente que sumaría en el tiempo a los ajustes en procesos de formación en las propias instituciones y las diferencias quedarían establecidas de manera natural e imparcial. Me parece infortunado el proceso de elaboración de las leyes secundarias, la premura por aprobar las iniciativas desde el legislativo y las negociaciones, más que consensos, con mínimos sectores “representativos” hacen flaquear la concepción – ideológica hasta el momento – de la nueva escuela mexicana. Mientras no exista una claridad en las responsabilidades de cada actor, de sus atribuciones y obligaciones que correspondanl, difícilmente estamos en la ruta para garantizar el derecho a aprender de NNJ y sus maestros plasmados en la Constitución. Tengo claro que este proceso ya no puede ser repuesto. Sin embargo, desde la sociedad civil, hacemos un llamado enérgico al Congreso de la Unión y en especial al Congreso Local de nuestro Estado para que:

▪         Expresen la importancia de esta discusión en el marco educativo y en su caso ajuste de las leyes secundarias para que establezcan un rumbo con mayor claridad hacia una escuela inclusiva e intercultural donde se respete y promueva el desarrollo integral de cada persona. 

▪         A construir un sistema educativo transparente, equitativo y participativo. Vinculante con la realidad de cada estado y sus instituciones de formación docente.

▪         A detener la centralización en la toma de decisiones y a impulsar, cada vez mejor, la responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales en el desarrollo y evaluación de estrategias eficientes en educación.

▪         A fortalecer el compromiso y las capacidades de los profesores, a través de mecanismos de formación y acompañamiento pertinentes y diversos. Ha llegado el momento, esperamos que las y loa legisladores estén a la altura de las circunstancias. De ello dependerá el futuro de nuevas generaciones. No desperdiciemos está oportunidad. Salto de página.

La Nueva Escuela Mexicana inicia con el pie izquierdo en temas presupuestales. La política social y de austeridad propuesta por el gobierno federal será una variable que impactará en la posibilidad de hacer realidad los objetivos propuestos en el ámbito educativo. Este ciclo escolar, inicia con mucha ideología y voluntad de los maestros, pero pobre en términos financieros para avanzar y crecer en el tiempo. - - - - - * Normalista. Consultor. Director de Sembrando Horizontes A.C.

Twitter: @FhernandOziel Facebook: Fhercho Cruz Sembrando Horizontes A.C. (2018) Es una organización de la sociedad civil que promueve y defiende el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes en el estado de San Luis Potosí a través de investigación aplicada, activación ciudadana y el impulso de proyectos educativos innovadores.

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