La comisión de delitos electorales en el proceso electoral 2020-2021 podría significar una pena de hasta 12 años de prisión para los infractores, según expuso Javier Montalvo Pérez, fiscal de Delitos Electorales, durante el Foro Delitos Electorales, organizado por la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM). El artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años a servidores públicos que incurran en los siguientes delitos: amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, para que voten o se abstengan de votar por algún candidato, que condicionen la prestación de un servicio público o programa gubernamental a cambio del voto a favor de algún candidato, utilicen recursos públicos o presten sus servicios en horario laboral a favor de alguna campaña. En los casos en los que se condicionen programas de naturaleza social, a cambio del voto a favor de algún candidato o candidata, la pena de prisión puede aumentarse hasta en un tercio de lo previsto, es decir podrían hacerse acreedores a hasta 12 años de cárcel. El Fiscal de Delitos Electorales dijo que entre los delitos más comunes están: la alteración de la credencial de elector o registro federal de electores, la compra de votos, condicionar servicios públicos o programas sociales a cambio de votos, recoger credenciales de elector, acarreo de votantes durante la jornada electoral y ejercer presión sobre los votantes para que emitan su voto a favor de algún candidato. En total hay 200 conductas catalogadas como delitos electorales. Durante el mismo foro, la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Yolanda Pedroza Reyes, explicó que en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19), también constituye una irregularidad la realización de mítines políticos sin las medidas sanitarias adecuadas, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha resuelto que el derecho a la salud está por encima del derecho electoral, por lo que no se pueden hacer eventos políticos que pongan en riesgo la salud de terceros. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales tiene todavía pendientes de resolver 30 carpetas de investigación correspondientes al pasado proceso electoral, debido a que no se ha encontrado la evidencia suficiente para su resolución; así como 40 expedientes pendientes de resolver, que vienen del anterior sistema penal, en el que se integraban como averiguaciones previas. En dicho foro también se destacó que el próximo año se tendrán las elecciones más grandes de la historia de San Luis Potosí, ya que se eligen 637 cargos públicos (1 gubernatura, 27 diputaciones locales, 58 alcaldes, 164 sindicaturas y 387 regidurías), lo que vuelve más complejo la vigilancia de estos comicios en lo que refiere a delitos electorales.