“¡El que no brinque es poli, el que no brinque es poli¡, ¡justicia para Giovanni!”. Este es el grito de batalla que ha retumbado en todo México, tras el asesinato del joven Giovanni López a manos de policías en el estado de Jalisco. San Luis Potosí no ha sido la excepción, también se ha manifestado ante los constantes abusos policíacos que todos los días se reportan ante instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el hartazgo que vive la población al ver que no hay castigos. Roxana Hernández es una de las tantas víctimas de abuso policíaco en San Luis Potosí. Ella fue detenida, junto a su hermana Claudia, el pasado 5 de junio, tras haber participado en una manifestación en el Centro Histórico, cuyo propósito principal era pedir justicia para Giovanni, pero que, debido a la infiltración de integrantes de un grupo denominado “Frente Revolucionario Antifascista”, terminó en destrozos de recintos públicos y en la detención de personas inocentes como Roxana, en contra de quienes los elementos policíacos desataron toda su furia. “Nos bajan a golpes y nos estaban esperando alrededor de más de 25 policías estatales para golpearnos, nos solicitan que nos pongamos contra una pared y ahí empieza otra sesión de golpes, después nos trasladan a un pasillo, mi hermana y yo le dimos el nombre del pasillo del hostigamiento porque es ahí cuando otra vez los elementos de policía nos empiezan a golpear y a hostigar”. Roxana pasó horas de angustia, soportando los continuos abusos policíacos, hasta que finalmente fue liberada porque se encontró que ella no había participado en ningún acto vandálico. Las autoridades que la detuvieron no fueron ni siquiera para darle un “disculpe usted”. “Después de darnos una vuelta por la ciudad, ya sabes estas prácticas por parte de la Policía, nos llevan en una camioneta tapada con más de 8 elementos armados, resguardándome a mí y a los otros 5 detenidos, nos argumentan que a nosotros no tenían nada que comprobarnos porque pues ya habían revisado las evidencias y nosotros no habíamos participado en un acto vandálico, hasta ese momento lo comentan ya que estábamos en la barandilla y en ese momento nos dejan salir”.

En 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 605 quejas contra corporaciones de seguridad, es decir en promedio se reportaron 1.6 abusos policíacos diarios en la entidad.  IMPUNIDAD PREVALECE

La Policía Estatal es la corporación más señalada, en un periodo de 16 meses, comprendido entre enero de 2019 y abril de este año, la CEDH recibió 188 quejas por presuntos abusos de policías estatales, en ese mismo periodo, la Comisión de Honor y Justicia de la corporación solo abrió 32 investigaciones por abusos policíacos y sancionó a 13 elementos, es decir que al menos el 93 por ciento de los abusos policíacos quedan impunes. El vocero de seguridad de Gobierno del Estado, Armando Oviedo Ábrego, reconoce que son largos los procesos al interior de la Comisión de Honor y Justicia para castigar a los malos elementos y en ocasiones no es posible ni siquiera suspenderlos de sus cargos en lo que se resuelve la imputación. El presidente de la CEDH, Jorge Andrés López Espinosa, explicó que el fenómeno de las detenciones arbitrarias en San Luis Potosí es causado por la condescendencia e incluso el mal ejemplo que dan los jefes policíacos. Un ejemplo de ello es que actualmente la CEDH investiga dos quejas contra el director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Valles, Héctor Mar del Ángel, por violaciones a derechos humanos en contra de detenidos. JÓVENES, LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

Un diagnóstico del Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias apunta que las corporaciones policíacas justifican las detenciones arbitrarias como un acto preventivo de conductas delictivas. Las principales víctimas de estos abusos son jóvenes de condición socioeconómica baja y que habitan en las periferias de la ciudad, muchas veces siendo discriminados por su aspecto físico, aludiendo a que el detenido tenía una “actitud sospechosa”. Esta tesis parece confirmarse con los hechos ocurridos en últimos años en San Luis Potosí, donde se han escuchado nombres como Eduardo o Antonio, de 25 y 18 años respectivamente, que han perdido la vida a manos de elementos que, se supone, deberían servir para proteger vidas, no para quitarlas. O qué tal el caso de policías de Villa de la Paz que fueron exhibidos en redes sociales el año pasado y que, usando una tabla como instrumento de castigo, parecía emular a elementos matehualenses que, años atrás también habían sido videograbados torturando a un detenido, aparentemente menor de edad. No terminaríamos de contar los innumerables casos de abusos policíacos que diariamente se dan en San Luis Potosí: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desmedido uso de la fuerza, robo de pertenencias y hasta privación de la vida de personas inocentes. Tan solo en lo que va del año, hasta el 7 de junio, la CEDH ya contabiliza 75 quejas por lesiones y maltratos durante la detención, 52 por detenciones arbitrarias y una por privación de la vida.  Los casos siguen presentándose y la impunidad sigue creciendo.