Los ciudadanos son los que deben fiscalizar los apoyos sociales que entregan los diputados y quienes deben decir si efectivamente se están entregando, declaró Jorge Luis Díaz Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, luego que se dio a conocer que el diputado Manuel Barrera Guillén ha facturado apoyos sociales a un presunto proveedor “fantasma”. Comentó que la forma de asegurar el apoyo a los ciudadanos es cuando la misma gente reconoce el trabajo del legislador, sin embargo reconoció que el Congreso por sí mismo no corrobora que los apoyos facturados realmente hayan sido entregados a los beneficiarios. “Lo que revisamos en la Junta de Coordinación es que la factura sea originalita y que sea bien, que cumpla con Hacienda. El mismo candado es la gente, si una persona no está cumpliendo bien, pues que no votan de nuevo por él”.

Destacó además que no hay forma de facturar en algunos municipios donde se entregan los apoyos. “Me gustaría que te fueras a Santa Catrina y vieran la necesidad que hay allá y que no hay facturas. Gente que no tiene qué comer o que quiere ir al doctor y te pide 200 o 300 pesos y se los tienes que dar en ese ratito. Cada legislador tiene que hacer y puede hacer lo que quiera con ese recurso, si lo están haciendo mal, la misma gente lo hace ver”.

Por su parte, la Oficial Mayor del Congreso del Estado, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez insistió que ya se tienen definidos documentos o requisitos que los solicitantes deberán cumplir, al momento de hacer válido un apoyo social, mientras que la revisión de las facturas, se hace a través de la plataforma del Sistema de Administración Tributaria (SAT). “Cuando alguien gestiona, algún diputado a favor de alguna persona o grupo de personas hay lineamientos publicados donde se establece que debe traer una solicitud firmada, acompañada de la credencial de elector del beneficiario y de la lista de beneficiarios, incluso su credencial de elector y al mismo tiempo se dice a qué empresa se va a comprar. El resto, la entrega y todo, no corresponde a nosotros”, concluyó.

Cabe señalar que el hecho de que la factura sea válida ante el SAT, no garantiza que el proveedor realmente haya entregado un producto a cambio del pago, sino que únicamente indica que este está registrado ante la Secretaría de Hacienda, por lo que la revisión que hace el Congreso no sirve para garantizar que los diputados están usando ese dinero en apoyos que son entregados a la gente.