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La creación de esta institución permitirá darle continuidad a los casos, explicó Denisse Montiel
02:37 jueves 29 julio, 2021
JaliscoLa tortura, es un delito que ha aumentado en México desde el inicio de la pandemia covid-19, según la investigación de “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en conjunto con asociaciones civiles en febrero del 2021. Los grupos que se han identificado más vulnerables a sufrir tortura son las personas privadas de su libertad, las mujeres que acuden a manifestaciones de género, los periodistas, defensores de derechos humanos y las personas en situación de migración. Uno de los casos más notorios en este período en Jalisco fue el del joven Giovanny López Ramírez en Ixtlahucán de los Membrillos, detenido por elementos de seguridad por no portar cubrebocas quien presuntamente fue torturado por los policías que lo lastimaron hasta morir. Un mes después hubo manifestaciones donde se exigió justicia por López Ramírez, y también se registraron casos de tortura, los reportes hablan de 28 detenidos agredidos física y verbalmente, así como amenazados, este hecho fue denominado “Halconazo tapatío”. Sobre el uso obligatorio del cubrebocas se documentaron diversos casos de sometimiento por parte de las autoridades a los ciudadanos en Puerto Vallarta, Chapala, Tala entre otros municipios. Ante este panorama el congreso local avaló crear Fiscalía Especializada para Investigación del Delito de Tortura, cabe señalar que desde el 2017 la ley federal establece la obligatoriedad de contar con este espacio con entidad estatal. En Jalisco desde el 2018 se creó una unidad especializada sin embargo no contaba con recursos.
Denise Montiel codirectora de el Centro de Justicia para la Paz y el desarrollo (CEPAD), señaló que la tortura en el estado no son casos aislados por lo que es urgente esta institución.
“No existe municipio en Jalisco exento de denuncias de tortura, es muy grave la situación, las cifras en el Inegi ubican al estado en el tercer lugar por este delito”
Finalmente, la activista señaló que tanto las amenazas verbales como las lesiones física y los daños sexuales son considerados tortura.