El llamado "juicio del siglo" en España comenzó ayer en un ambiente de creciente tensión. Una docena de políticos y activistas partidarios de la independencia de Cataluña se presentaron ayer ante el Tribunal Supremo en Madrid, en medio de protestas de partidarios de la secesión y de la posibilidad de que se convoque a una elección anticipada en el país. Los acusados están siendo juzgados por rebelión y otros cargos derivados de su papel en la declaración de independencia unilateral de octubre de 2017, que se basó en los resultados de un referendo considerado ilegal. Se espera que el proceso dure al menos tres meses. Las críticas de las defensas, especialmente a lo que consideran falta de garantías jurídicas y al carácter político del proceso, centraron ayer el primer día del juicio. El letrado Andreu Van den Eynde, defensor de los acusados Oriol Junqueras (ex vice Presidente catalán) y Raúl Romeva (ex miembro del gabinete regional), se llevó buena parte del protagonismo al asegurar que se trataba de un proceso que ha criminalizado cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y criticó que los acusados lleven más de un año en prisión provisional . "Se ha descabezado al independentismo, se les compara con terroristas, nazis", subrayó. El juicio, que posiblemente sea el más importante en cuatro décadas de democracia en España, arrancó mientras el futuro del Gobierno de minoría del socialista Pedro Sánchez depende de un cambio de posición de los partidos independentistas catalanes para que respalden los presupuestos generales de 2019. Ante la nula posibilidad de que los secesionstas cambien de postura en la votación del plan de gasto prevista para hoy, Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el Gobierno no va a ceder a las presiones catalanas de iniciar conversaciones sobre la autodeterminación regional a cambio de su apoyo al presupuesto. La lista de imputados incluye, además, a los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la ex Presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, así como los ex miembros del gabinete regional Jordi Turull, Joaquim Forn, Meritxell Borras, Dolors Bassa, Josep Rull, Carles Mundo y Santi Vila. La Fiscalía pide para los 12 acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión, ya que la acusación de mayor gravedad es la de sedición. --

REFORMA