Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos explicó en entrevista con Érika Salgado para WFM 100.1 que la consulta nacional por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) carece de sustento legal pues existen múltiples aristas de ilegalidad que la rodean.    El abogado señaló que desde un principio el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debía realizar esta consulta debido a su condición de gobierno electo que tiene facultades limitadas únicamente al proceso de transición, sin embargo puntualizó que cuenta con un fondo de recursos para financiar los ajustes de lo necesario para su llegada al poder, por lo que de haberlos usado, se abriría un proceso de responsabilidad al futuro presidente.   “Si la consulta está financiada con ese dinero el efecto que tendría que tener es que hay una desviación de fondos y un ejercicio indebido de los recursos públicos por los cuales tendría que responder”   Aparte sostuvo que por la forma en que se planteó la consulta como un ejercicio ciudadano, no puede tener un carácter de vinculante dado que ya existe la figura de consulta ciudadana dentro de la Constitución y ésta no cumplió con el debido proceso que marca la ley.

En este sentido el abogado calificó este proceso como un acto de populismo que pasa por encima de cualquier lógica y normatividad. “Simple y sencillamente es con el ánimo de tratar de justificar una decisión que debe de corresponder a aspectos técnicos y económicos muy precisos que con esta vacilada no es la manera de resolverlos”.

  Chessal Palau dijo que es preocupante que no se haya notado que se recopilan datos personales de los ciudadanos que hayan ido a votar en esta consulta popular, ante ello agregó que el contar con las claves de elector que se digitalizan en las bases de datos que se quedan los organizadores de la encuesta, no se tienen garantías del manejo de esos datos en específico, por ello vio como urgente que exista un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).   “No hay ninguna garantía de que se harán con esos datos personales, debió de haberse pronunciado el INAI porque se están entregando datos de credencial de elector a personas que quien sabe que tratamientos van les van a dar; estamos en un acto que presenta varias aristas de ilegalidad”.