La diputada María del Rosario Sánchez Olivares, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado presentó un punto de acuerdo al Pleno del Congreso del Estado para que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría Superior del Estado para diseñar un manual o estrategia jurídica para que ante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, los ayuntamientos de la entidad apliquen recursos de los Ramos 33 y 28. Sin embargo la diputada panista Sonia Mendoza Díaz manifestó su postura en contra, toda vez que señaló que no es un tema de los organismos auditables, tanto federal como estatal, para re direccionar los recursos públicos, sino más bien es una responsabilidad del Congreso local. “La Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado su responsabilidad es vigilar, supervisar, y auditar la aplicación de los recursos públicos; la redirección no le compete a los organismos, sino al Congreso la autorización y petición expresa del Ejecutivo”. Precisó que se tiene que valorar desde el Ejecutivo tanto del estado, como de los municipios qué rubros están etiquetados y que otros se puede re direccionar para disponer de esos recursos y aplicarlos a esta contingencia. A decisión de la diputada Sánchez Olivares, el punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Vigilancia para su análisis y en su caso, modificación.