Editorial EL UNIVERSAL / Una vuelta a la tuerca: la Ley Federal de Austeridad Republicana El martes 19 de noviembre de 2019 se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR) que retoma la experiencia y contenidos de los acuerdos de austeridad de la época “neoliberal” y el giro de la 4T centrado en la estrategia de la reducción del gasto operativo como vía para la reasignación de recursos a los grupos olvidados de la sociedad y el gobierno. En este contexto, la Secretaría de la Función Pública anunció que con las acciones de ahorro y contención del gasto público se logró la liberación de 11 mil millones de pesos, que representa el 0.2% del presupuesto del 2019 y menos del 10% del gasto destinado al programa de pensiones para adultos mayores en 2020, que se ponen a disposición del Presidente para que los destine a programas sociales en forma discrecional. Esto demuestra que el impacto financiero de la austeridad republicana es menor a lo pregonado y que si bien tiene un efecto positivo en la opinión pública que considera que el gobierno incurre en gastos suntuarios, éste puede ser aminorado por la vinculación mediática de los recortes presupuestales, con el desabasto de medicinas y la falta de contratación de los antivirus informáticos de PEMEX, que facilitó el ciber chantaje a la empresa productiva del Estado. La fuga de talentos salió más onerosa que los ahorros. La LFAR es reglamentaria del párrafo primero del artículo 134 constitucional que establece los principios del manejo de los recursos económicos del Estado en el ámbito federal, no incluye a los estados y municipios, y seguramente contribuirá a dar orden y eliminar la incertidumbre que se había generado por la emisión de diversos documentos administrativos que circulaban. Hay que señalar que sólo es aplicable con rigor a la Administración Pública Federal, con lo que se abre la interrogante si las instituciones de educación superior, como la UNAM y la UAM, y otros entes públicos que no pertenecen propiamente a aquella, deben sujetarse a estas reglas. Hay una referencia a las empresas productivas del Estado, sin que sea clara su vinculación. La LFAR es la base para las regulaciones propias de los poderes legislativo y judicial, así como, a los órganos constitucionales autónomos, que tomarán las acciones necesarias de acuerdo con su normatividad aplicable a cada uno de ellos, lo que otorga cierta laxitud en su cumplimiento. Además de establecer como valor fundamental del servicio público la austeridad republicana, que es un mero pronunciamiento ideológico, fija las bases de la política pública de austeridad, establece las medidas para impulsarla y la forma de generar ahorro en el gasto público federal, cuyo monto se destinará a satisfacer necesidades generales definidas directamente por el Ejecutivo Federal. La LFAR cumple con el ritual propio de cualquier gobierno que pretende cambiar todo lo anterior, alegando que estaba mal -el conocido adanismo- y, para tal efecto, eleva a rango de ley lo que ya se establecía en los acuerdos o lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina financiera (varía la denominación) que han emitido y seguirán emitiendo los entes públicos federales, locales y municipales por disposición de las normas presupuestales desde 1996 y por disposición de ley desde 2006, con el gobierno de Fox y la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La política de recursos humanos elimina los apoyos a los representantes de las organizaciones patronales y obreras en los organismos tripartitas, y esto tiene consecuencias en la operación de los mismos y la contratación de consultorías externas. En la cuestión de contratación de consultorías y asesorías se limita a reproducir lo que ya se establece en la Ley de Adquisiciones -omite hacer mención a la Ley de Obras Públicas- con lo que en realidad no cambia nada, salvo la confusión que puede generar la omisión señalada. La LFAR prohíbe la duplicidad de funciones y, por lo tanto, si sucediera esta sería sancionable. Esto es correcto, en principio, pero hay procesos técnicos que requieren de revisiones subsecuentes para garantizar la calidad, que pudieran ser consideradas por los auditores como duplicidad y ser fuente de responsabilidad administrativa. La prohibición de las delegaciones al extranjero es un absurdo en la medida que aísla al gobierno federal de lo que sucede en el mundo en transparencia, combate a la corrupción, mejora administrativa, actividades financieras y un larguísimo, etcétera. Este es un ahorro mal entendido. Evito dar ejemplos de servidores públicos del gobierno de la 4T que viajan, justificadamente, a congresos o encuentros internacionales para divulgar las acciones de transformación emprendidas, para no abrir un debate bizantino e innecesario. Las medidas de ahorro son similares a las que se han aplicado en los últimos tres sexenios con el toque la calificación de los bienes de lujo o las acciones de derroche y se legisla una mala política de prestaciones sociales para el empleo público que es la eliminación de los seguros adicionales para los servidores públicos en salud y retiro. Esto afectará la atracción de talentos al sector público. El manejo de la austeridad en los fideicomisos públicos quedó racional -muy similar a la que existía en los gobiernos anteriores- lo que contrasta con el proyecto original que los prohibía absolutamente, lo cual era una enorme inconsecuencia. El manejo de los conflictos de interés de los servidores públicos con activos económicos se amplía en el sentido correcto y será necesario afinarlo para no cometer injusticias, recoge el avance de los últimos años en las leyes de responsabilidades y lo fortalece. Algunas de las acciones de austeridad de éste y los anteriores gobiernos suelen ser más formales, que eficaces. Hay que reconocer que la LFAR es una vuelta a la tuerca para evitar los abusos que existían y existen, pero preocupa que pierda el propósito preventivo de la corrupción y se convierta en una forma de perseguir a cualquiera que se aleje del espíritu de la austeridad republicana. OPINIÓN / La terna de AMLO para la Corte

AMLO informó ayer que la terna que propondrá al Senado para ocupar el asiento que dejó en la Corte el ministro Eduardo Medina Mora estará conformada por mujeres. Es muy probable que esta mañana precise sus nombres durante su cotidiana conferencia de prensa, pero, si no hay cambios de última hora, puedo adelantarle que serán los de Margarita Ríos Farjat, Ana Laura Magaloni y Diana Álvarez Maury. El de esta última surgió de última hora en círculos de Palacio Nacional en lugar de Diana Bernal Ladrón de Guevara, quien había sido incluida en una primera lista. Ríos Farjat, Magaloni y Bernal Ladrón de Guevara son prestigiadas juristas, no así Álvarez Maury cuyo nombramiento como subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos (en lugar de Tatiana Clouthier, quien decidió permanecer en su curul de diputada) levantó gran polémica. Las tres primeras garantizan profesionalismo y acaso imparcialidad, aunque no todas aseguran independencia política. La última no. Profesionalismo, imparcialidad e independencia son los componentes principales del perfil exigido por la ley para que su designación en el Senado logre la mayoría calificada requerida, y se evite otro sainete como el ocurrido con la nueva presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. La abogada regiomontana Margarita Ríos Farjat es actualmente la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tiene una maestría en derecho fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y un doctorado en Política Pública por el Tec de Monterrey. Aunque Ríos Farjat inició su carrera en el Poder Judicial de la Federación (1996-1999), su paso por la administración pública ha sido intermitente. Ejerció por años la abogacía de manera privada y escribió poesía. En 2017 aceptó integrarse al equipo de transición de AMLO y con el respaldo del también regiomontano Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia, fue nombrada directora del SAT, para lo cual fue necesario eliminar de la ley de ese organismo el requisito de experiencia en cargos de alto nivel. Fueron públicas sus diferencias con Carlos Urzúa, quien acabó por renunciar a la Secretaría de Hacienda. Con un perfil más académico, Ana Laura Magaloni es abogada por el ITAM y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue directora fundadora del Centro de Investigaciones Jurídicas del CIDE y colaboró como investigadora en la Escuela de Derecho de Stanford, la Universidad Diego Portales de Chile, el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y de la Universidad de California en Berkeley. Aguda crítica de la actual estructura del Poder Judicial, Magaloni formó parte del equipo de transición de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y ha sido mencionada como una de las principales aspirantes a ser la primera fiscal general de la capital del país. Diana Álvarez Maury es abogada por el ITAM y en su currículum asegura ser maestra en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas. En la SEP, sin embargo, no se encontraron registros que avalen ese posgrado, como tampoco hay rastro en ninguna fuente estadounidense del único artículo académico en su trayectoria que dice haber publicado en una revista de la Universidad de Miami. La ola de críticas creció en su momento cuando se supo, a través de su perfil público, que es experta en transmisión de energía cósmica y consultora en Semiología de la Vida Cotidiana. La abogada capitalina de 62 años, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, dejó una carrera judicial que le aseguraba el futuro como magistrada ratificada, para sumarse en 1997 a la ola cardenista que ganó el gobierno de la CDMX mediante elecciones. El propio Cuauhtémoc Cárdenas la invitó a ser delegada en Iztacalco. Fue diputada federal por el PRD, y se desempeñó como magistrada de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa donde, años atrás, había trabajado muy de cerca de Mariano Azuela quien llegaría a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bernal Ladrón de Guevara también fue senadora y fue la primera Procuradora de la Defensa del Contribuyente. No obstante que formó parte de la corriente perredista de Los Chuchos, jamás dejó de apoyar las aspiraciones políticas de AMLO. En el Senado hubo beneplácito al conocer que será una mujer la nueva ministra de la Corte, pero desde la bancada del PAN llegó el reclamo de que la terna que envíe el Presidente sea de abogadas apartidistas. Si son las que le adelanto, ninguna es ajena a vínculos partidistas o políticos. Quizás una menos que las otras dos (Magaloni). Pero otra (Álvarez Maury) ni siquiera garantiza, al parecer, suficiencia profesional.  Instantáneas:

1. GRILLAS MORENAS. Las grillas al interior de Morena podrían influir en la votación sobre el Presupuesto 2019 que reinició ayer en sede alterna por el bloqueo campesino en San Lázaro. Muchos diputados de ese partido se sienten maltratados por su jefe de bancada Mario Delgado y no solo por la reducción de asignaciones de dinero sino también porque están atorados más de 600 asuntos relacionados con gestiones en sus lugares de origen. Aunque en su última reunión con AMLO, donde dicen que salieron chispas, no escatimaron su lealtad al Presidente, les preocupa la falta de apoyo ya que conforman la primera generación de legisladores que se podrá reelegir. Por otro lado, influye el tema de la lucha por la dirigencia de Morena. Los duros de Bertha Luján son 80 de los 268 diputados de ese partido que, en la votación presupuestal, debilitarían a Delgado y sí harían diferencia. 2. REASIGNACIONES. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados había aprobado hasta anoche fuertes reasignaciones en el Presupuesto 2020 enviado por el Ejecutivo. La mayor, por 4 mil 182 millones 922 mil 927, corresponde a los ramos autónomos. El más cuantioso a la Fiscalía General de la República por mil 500 millones de pesos, seguido del Poder Judicial por mil 327 millones 350 mil 235 pesos y del INE por mil 71 millones 562 mil 962 pesos. Este último monto es de casi 400 millones de pesos más que el recorte aplicado al instituto electoral el año pasado. Claro que en 2020 solo habrá dos procesos electorales: el del Congreso de Coahuila y el de los ayuntamientos de Hidalgo. 3. INTEROCEÁNICO. La visita oficial que realiza a México llevó hasta Oaxaca al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. Ese país asiático y sus inversionistas tienen un gran interés en desarrollar la planificación del Tren de Istmo y el Corredor Interoceánico. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, recibió y conversó ayer con el premier Hsien Loong quien llegó acompañado del canciller Marcelo Ebrard y del titular del Corredor Interoceánico, Rafael Marín. 4. CABILDEOS. Que sea Singapur el que invierta en el istmo, aliviaría la tensión que podría generar con Estados Unidos la participación en el proyecto de la República Popular China. Llama la atención, por cierto, la información difundida ayer por “La Política Online”, en el sentido de que se han intensificado los cabildeos con la consultora Singapur Surbana Jurong cuyo representante en México es Javier Jileta uno de los asesores de la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 5. FAKE fue la versión corrida en redes sociales que adelantaba que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra anunciaría en su conferencia de prensa de ayer su renuncia para blindar a AMLO del desgaste político al que lo sometió la forma en que fue electa por el Senado. Por el contrario, la defensora nacional de los derechos humanos anunció una profunda reforma a la comisión que incluye un plan de austeridad que iniciará con la reducción de sueldos a todos sus directivos por debajo de lo que gana el Presidente de la República. [email protected]

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Frentes Políticos 22 de Noviembre de 2019 1. Visión positiva. En Cancún, Quintana Roo, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, afirmó que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador “abrazos no balazos” sí está funcionando. “Este gobierno nunca va a propiciar que nos ahoguemos en ríos de sangre, como lo propició el conservadurismo de los últimos sexenios”, dijo. Pacificarse es lo que requiere este país, “no necesitamos estar en encono, tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones de que no todo se arregla a golpes, discusión o a balazos”. El Estado mexicano es el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza y, por supuesto, de sancionar, lo que está haciendo, declaró. Bajar los orígenes de la inseguridad, la impunidad y la corrupción a través de la recuperación del tejido social es lo de hoy. No la lluvia de plomo. 2. Don pretextos. absolutamente sobrepasado, Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, convocó a una reunión de seguridad extraordinaria tras el nuevo hallazgo de bolsas con restos humanos y aseguró que estos hechos se relacionan con el cierre del Penal del Topo Chico, así como la recomposición de grupos del crimen organizado. Adelantó que ya hay detenidos y resultados en las investigaciones, sin embargo, no puede darlos a conocer por el momento. Sabe de la preocupación de la población por la violencia que persiste en el Estado, y “asumimos esa responsabilidad”, declaró. En la entidad fueron localizados cuerpos desmembrados al interior de bolsas de plástico y maletas. Un hecho fue en Escobedo y otro en Apodaca. Los hallazgos se han dado en diversos puntos de la ciudad de Monterrey y la zona metropolitana. Topo Chico… ¿Ahora sí va a gobernar? 3. Las piedras del zapato. Mientras los diputados se reunían para aprobar el Presupuesto 2020 en una sede alterna, pues San Lázaro seguía bloqueado, alcaldes advirtieron que impugnarán la repartición de recursos. Víctor Manuel Manríquez, presidente municipal de Uruapan, anunció una vía jurídica con este objetivo al considerar que el Presupuesto se aprobó fuera del plazo constitucional. Desde Morelia, arropado por alcaldes de Michoacán y el líder estatal del PRD, Juan Bernardo Corona, remarcó que la Cámara de Diputados incumplió el plazo para aprobar el PEF, que fue el 15 de noviembre. De ahí que busquen mecanismos para impugnarlo. Tan listos para encontrar las vías para desarmar a sus opositores. Si ese IQ lo utilizaran para ser un mejor partido, estarían en el poder. Pero no. 4. Fuego amigo. El diputado de Morena, Víctor Osmid Guerrero Trejo, acusó a su compañera de bancada en el Congreso de Hidalgo, Roxana Montealegre Salvador, de boicotear el avance en la aprobación de tres iniciativas de ley para avalar la Interrupción Legal del Embarazo. El legislador del distrito de Zimapán acusó que “una serie de irregularidades perpetradas por la diputada, quien en su calidad de presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se ha dedicado a obstaculizar la iniciativa”. Acusó que la propuesta “ha sido dificultada desde hace dos meses por esta legisladora con pretextos a todas luces infantiles”. Punto número uno, la ropa sucia se lava en casa, no en la tribuna. Punto número dos: cuánta división. 5. Quejoso. El gobierno de Durango tiene un déficit en sus finanzas de aproximadamente mil millones de pesos al cierre del presente año, confirmó el gobernador José Rosas Aispuro. Dio a conocer esta información al ser cuestionado sobre la problemática que enfrentan los gobiernos municipales que solicitan apoyo financiero del gobierno estatal para cubrir los aguinaldos. Rosas Aispuro quiso dejar en claro que su administración ha tenido que hacerle frente a pagos que no estaban presupuestados, como rezonificación de los trabajadores del magisterio, pero lo que revela es su inexperiencia en la administración pública. Otro mandatario al que no les saldrán las cuentas. De las fugas de recursos al erario, ni hablemos.