Editorial EL UNIVERSAL / Reformular políticas para frenar inseguridad La presente administración federal es probablemente la más productiva en términos de la información que genera acerca de su ruta y destino, sin embargo, un exceso de información no siempre coincide con mensajes claros que establezcan rumbo, camino y medios con lo que se piensa lograr los objetivos. Por ello, en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) decidimos entender si esa enorme cantidad de información es un insumo clave para decidir y evaluar en materia de seguridad y justicia. De esta manera, el pasado miércoles 22 de mayo presentamos el documento Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes, donde se analizó la totalidad de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y el Plan Nacional de Seguridad. Además, enviamos un cuestionario a los gobiernos que tuvieron cambio de gobernador para que expresasen los principales tópicos de sus políticas en materia de seguridad y justicia, el presupuesto necesario y la transformación institucional requerida. Sólo Guanajuato, Jalisco y Yucatán respondieron a todo el cuestionario, Morelos envío una parte y los demás optaron por la opacidad y no rendirle cuentas a la sociedad. Destacan, los casos de Tabasco y Veracruz, entidades que contestaron que carecían de un plan. Los hallazgos en materia federal pueden resumirse en tres rubros: Políticas innovadoras pero que requieren mayor precisión legal y presupuestal.

Políticas que deben ser fortalecidas en su diagnóstico y líneas de acción dentro del PND y ENSP. Políticas que deben ser reformuladas si se busca generar un impacto positivo. En general, podemos identificar huecos entre propuestas y planes, falta de definición de indicadores, contradicción en los indicadores, contradicción en los objetivos de algunas políticas. La promoción y mejora del acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico con énfasis en la población afectada por la violencia, la migración y los desastres naturales, suena como una política innovadora, y para que esta pueda llevarse a cabo requiere de mayor precisión legal y presupuestal. De igual manera, la implementación de procesos de justicia transicional y la presencia considerable de la perspectiva de derechos humanos, se presenta como un avance en materia, particularmente por el plan de desarrollar una Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. En materia de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, lo establecido exhibe una propuesta de corte general que olvida los procesos puestos en marcha -no se hace mención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas-, lo que puede llevar a repetir acciones del pasado sin mucho éxito. Un ejemplo de políticas plasmadas de manera contradictoria en la ENSP, en el PND y en los discursos del presidente, es la que se refiere a las adjudicaciones directas. En un documento se propone limitarlas como elemento que pueda prevenir la corrupción -sin una claridad sobre los criterios que deben aplicarse a esas limitaciones-, en el PND se habla de eliminarlas por completo, mientras que en los discursos -y en los hechos- se han defendido en reiteradas ocasiones. Por lo que refiere a los Servicios Médicos Forenses, a la prevención del delito, a la

cooperación internacional en materia de combate a las drogas, a la asignación de participantes de la sociedad, objetivos y fines del Consejo de Construcción de Paz, los diagnósticos deben ser fortalecidos, así como las líneas de acción que se desprenden. No queda claro el nivel de prioridad de la atención a la violencia contra las mujeres, si se analizan los documentos, difiere ampliamente lo que se propone. Entre las prioridades y políticas que vienen enumeradas en los varios documentos pero que carecen de rutas de implementación e indicadores de resultado, encontramos la intención de mejorar la capacidad de judicializar y la coordinación de las unidades administrativas con atribuciones para analizar los flujos de recursos de procedencia ilícita, la cual es una política que carece de mecanismos para integrar y medir la cooperación entre los estados y la Unidad de Inteligencia Financiera. Mismo ejemplo en materia de procuración de justicia, se habla de la homologación de un modelo autónomo de las fiscalías generales, sin considerar estrategias para la disminuir la impunidad, así como las diferencias de procedimientos, criterios y normatividad interna de las 33 instituciones de procuración de justicia, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Material Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Se rescata la propuesta del Documento Único de Identificación Nacional, impulsado desde la época del presidente Calderón, sin explicar alcances, meta y ruta de implementación. Si bien, los documentos analizados plantean un Nuevo Modelo Policial para el país, se deja a un lado que esta política fue impulsada hace más de una década, y tampoco se rescatan las experiencias de las administraciones federales anteriores para entender qué ha inhibido su cristalización. Entre las políticas que abiertamente deben ser reformuladas, podemos señalar el Programa Frontera. En el tema de migración hay ambigüedad discursiva tanto en la ENSP como en el PND. En el primer documento se describe como una amenaza o riesgo, mientras que en el segundo se reconoce su contribución al desarrollo de los países. También deben ser reformulados los objetivos y fines de la Guardia Nacional para generar certidumbre en el mando de las coordinaciones estatales, así como la formación y aprovechamiento de sus integrantes por parte de instituciones militares. No está clara la estrategia de regionalización, así como la estructura institucional. Así como hay políticas innovadoras, políticas que deben ser fortalecidas o que deben ser reformuladas, hay ausencias que debemos destacar: Reforma del Sistema de Justicia Penal. Reforma en materia de Amparo. Reforma en materia de Derechos Humanos. No se mencionan medidas para fortalecer la Fiscalía General de la Republica. No se mencionan medidas para fortalecer las procuradurías estatales. No se identificó́ alguna alusión a las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, ni al Mecanismo PNSP ni en ENSP. No se menciona la Coordinación Nacional Antisecuestro. Se carece de una directriz para mejorar la gobernanza en el tema de seguridad con la ciudadanía. Falta de indicadores de impacto en el ejercicio de los recursos para la seguridad de los estados. Ninguno de los documentos se refiere a la Iniciativa Mérida ni a sus aportaciones. El documento Cimientos de las políticas de seguridad: primeros pasos y tareas pendientes, se adscribe a un ejercicio que inició con el análisis de las plataformas electorales de los entonces 55 candidatos a ejecutivo federal y locales, en materia de seguridad y justicia; así como del análisis de los documentos y discursos en el periodo de transición. De esta manera, en el ONC hemos construido un sistema de seguimiento a los nuevos gobiernos con una metodología única, transparente y reproducible como elemento que puede ayudar a mejorar las decisiones de las autoridades y, por ende, la situación de seguridad del país. La pasada década dejó millones de víctimas directas e indirectas del delito y la violencia, no podemos seguir permitiendo políticas y reformas sin sustento que mantienen viva la actual crisis y que, si no se refuerzan, seguirán produciendo los terribles efectos que como sociedad hemos pagado. OPINIÓN / Michoacán en ebullición Enfrentamientos armados, ataques a policías estatales, “desfile” de elementos del narcotráfico por las calles, pobladores que desarman y secuestran a elementos del Ejército... es el escenario que han vivido localidades de Michoacán en menos de siete días, sin que la autoridad haya podido evitarlo. Desde el miércoles 22 de mayo la violencia se intensificó cuando un choque entre grupos de narcotraficantes dejó 10 muertos en Uruapan. Dos días después cinco personas calcinadas fueron halladas en un vehículo en el mismo municipio. En Zamora, el fin de semana presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a policías municipales con un saldo de cuatro agentes muertos y siete más heridos. Antes de la agresión exhibieron en las redes sociales su fuerza, integrada por más de una decena de camionetas y vehículos. En el municipio de La Huacana habitantes sometieron y desarmaron a un grupo de soldados, luego de que se dio un tiroteo entre los militares y civiles; para su liberación, los pobladores exigían la devolución de armas que les habían sido retiradas, entre ellas un fusil Barret calibre 50, uno de los más poderosos, con capacidad para derribar helicópteros. Se trata de una historia harto conocida en el país. La violencia que se desata en una región o entidad, la llegada de refuerzos federales y la contención de la inseguridad por unas semanas o meses. Ayer se dio a conocer el Plan de Seguridad para Zamora en el que participarán 350 elementos de seguridad “certificados para sus funciones”, provenientes de la policía municipal, estatal, federal y del Ejército. La escena de los soldados retenidos recuerda la necesidad de que los estados cuenten con corporaciones policiacas capacitadas para hacer frente a la inseguridad local. Se trata de una demanda insistente que no acaba de concretarse: el Ejército no tiene por qué realizar tareas de seguridad pública. ¿Por qué el crimen organizado actúa con lujo de violencia? ¿Por qué los pobladores someten a los soldados y hacen peticiones de forma dura al Ejército? Lo hacen porque saben que agredir a un elemento policiaco o militar no tendrá repercusiones ante la justicia, como no la tienen miles de delitos que se cometen diariamente en el país. En esta línea se dibuja la probable solución: cuando en el país la regla sea que se respeta la ley, todos comenzarán a respetar a quien representa el Estado de derecho.

Frentes Políticos 1.  Creativo con iniciativa. Evaristo Hernández Cruz, alcalde de Centro, Tabasco, dio marcha atrás a un par de “magníficos” proyectos, después de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se pronunció en contra de la privatización de edificios públicos y de bienes nacionales, como el agua. Precisamente, la intención del edil priista era vender nada menos que el Palacio Municipal en 500 millones de pesos y privatizar el agua. ¡De no creerse! Ahora, precisó que “no se va a vender el terreno”, pero sentenció que aumentará el consumo de este recurso. ¡Fiu! Poco más y ya se veían las banderas monumentales en el estado amaneciendo con publicidad pagada. Qué bueno que le paró a su hot sale. ¡Avísenle! 2. Nada les gusta. La premisa es resolver las crisis, y justo cuando está casi solucionada la de la salud pública, se levantan voces en contra. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló que pese al déficit que se acumuló en el sistema de salud pública, el servicio para los mexicanos en todo el país está garantizado. “Hay certeza en la atención a los pacientes, y un compromiso del gobierno de la República para que no se descuide absolutamente nada”, apuntó. Además, defendió que no hay nada fuera de la ley, que, como “todos saben, permite hacer reasignaciones”. A todo le ven el lado malo. Ya supérenlo. 3. Consecuencias. Aunque les cause sorpresa, los encargados de Altos Hornos de México tendrán problemas financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de la empresa, la cual sostuvo que se trató de un acto “indebido, sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho”, por lo que la siderúrgica activó los mecanismos de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos. De acuerdo con la empresa, “parece” que se le están atribuyendo “actos indebidos”, pero investigaciones la involucran con la transferencia de 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma relacionada con Odebrecht. ¿Quién miente? 4. Concordancia. Joel Ayala Almeida, líder nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), celebró la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que en temas de salud y educación no habrá limitaciones presupuestales para resolver la problemática en los rezagos existentes. Ayala Almeida afirmó que esa respuesta formal de solución profunda a las limitaciones en las diversas áreas son, a su vez, la materia tratada en los resolutivos del Consejo Nacional Extraordinario de la FSTSE, celebrado el jueves 23 de mayo. “Hay plena coincidencia de la central FSTSE con la estrategia llevada a cabo por el Presidente de la República, de que a través del método de comunicación entre las partes se evite la confrontación y nos una a todos en los objetivos que el gobierno federal se ha trazado”, confirmó. Suavecito, terso, justo lo que conviene al país. Bien. 5. Policías de chocolate. Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública en Nuevo León, detalló que se elevó a 30 el número de ataques perpetrados en contra de corporaciones policiacas, con los tres que se registraron apenas este domingo. A las corporaciones policiacas les perdieron el respeto, sufrieron tres ataques por parte de delincuentes en los municipios de Vallecillo, Apodaca y Santa Catarina. Fasci Zuazua afirma que si los alcaldes no ayudan, la violencia empeorará; y para colmo, en Nuevo León murió un pequeño atropellado, el menor iba con sus familiares cuando un conductor se impactó contra ellos en un cruce, esto en el marco de los festejos por el triunfo del equipo de futbol Tigres. ¿Acaba ya la mala racha? Bitácora del director / Mensajes, no soluciones El gobierno federal obtuvo 28.4 millones de pesos en la subasta de autos de lujo y blindados que se realizó el pasado fin de semana en Los Pinos. Esto, tras una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de vender dichos vehículos, que eran parte del inventario de la administración pública. El mandatario también resolvió que el dinero recaudado se entregará a dos municipios de Oaxaca, Santos Reyes Yucuná, en la Mixteca, y Santa María Zaniza, en la Sierra Sur, considerados como las dos demarcaciones más pobres de las dos mil 457 que hay en el país, de acuerdo con el informe Medición de la pobreza municipal 2015, elaborado por el Coneval. Yucuná tiene unos mil 800 habitantes y Zaniza, unos dos mil 200. Prácticamente, todos padecen pobreza. En el primer caso, el porcentaje es de 99.9 y en el segundo, de 99.7, a decir del estudio. Su marginación es también cultural, puesto que la etimología de Yucuná (de origen mixteco) y Zaniza (zapoteco) se ha perdido en el tiempo, de acuerdo con la Nomenclatura geográfica mexicana, de don Antonio Peñafiel Berruecos. Y si bien Yucuná también lidera la lista de los municipios con mayor pobreza extrema (97.4% de sus habitantes comparten esa condición), Zaniza aparece en el undécimo sitio (77.3%). Nebulosa, como la etimología de sus nombres, es también la razón por la que se decidió otorgar todos los recursos recaudados en la subasta sólo a esos dos municipios oaxaqueños. ¿Qué pasará con Aldama, Chiapas, el número tres en la lista de demarcaciones con mayor porcentaje de habitantes en pobreza, detrás de Zaniza? ¿Y con Cochoapa el Grande, Guerrero, número dos en la de pobreza extrema? Más aún, ¿qué se hará con los pueblos que colindan con los dos municipios oaxaqueños favorecidos por el Presidente –Santo Domingo Tonalá, San Simón Zahuatlán y San Martín Zacatepec, vecinos de Santos Reyes Yucuná, y Santiago Textitlán, San Lorenzo Texmelucan y San Jacinto Tlacotepec, vecinos de Santa María Zaniza—, pues si bien no aparecen en la lista de los más pobres del país, tampoco es que estén en jauja? ¿En qué se usarán los recursos de la subasta? ¿Calles, escuelas, centros comunitarios, despensas…? ¿Se dividirán los 28.4 millones de pesos entre los cuatro mil habitantes de los dos municipios para entregarle a cada uno de ellos siete mil 100 pesos como un apoyo “de manera directa”? Este gobierno parece más interesado en mandar mensajes mediáticos que en resolver problemas de forma estructural.   Buscapiés ● “Nosotros no chantajeamos, queremos competir y vender medicinas”, me dijo ayer Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Amelaf, en entrevista para Imagen Radio. Minutos antes, en la conferencia mañanera, el Presidente había advertido que no permitiría que los laboratorios lo chantajearan imponiéndole precios de los medicamentos para el sector público. ● López Obrador también afirmó que si no se logra un acuerdo sobre el precio de las medicinas con los fabricantes mexicanos, mandará a los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Salud a buscarlas en el extranjero. Pero si la idea del gobierno es comprarlas en India, China o Pakistán, quizá levanten la mano los países con los que México ha firmado acuerdos de libre comercio, que querrán que les den preferencia, como disponen esos instrumentos.