Editorial EL UNIVERSAL /Desalojos: un galimatías legal La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de su presidenta Nashieli Ramírez Hernández, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos capitalina que trata sobre el desalojo de ocupantes de viviendas en renta por falta de pago.  A decir de la funcionaria, se busca echar para atrás una reforma a ese artículo aprobada por el Congreso en junio pasado y a partir de la cual todo desalojo de inquilinos morosos debe estar precedido de un mandamiento judicial que les garantice a éstos el derecho de audiencia y privilegie la conciliación entre las partes. A decir de ella, la modificación hecha en junio no cumple con la normatividad internacional en la materia ni evita o castiga los desalojos violentos que, a su consideración, atentan contra la salud e integridad personal.  La comisionada expresa que en la redacción anterior del artículo, aprobada en febrero pasado, se establecía el respeto por los ocupantes de la vivienda en litigio, para las que ahora pide el derecho a una indemnización cuando sus bienes resulten dañados o sustraídos, así como su inmediato realojamiento y su inclusión en programas gubernamentales de vivienda.  Para ello hace la propuesta de realizar un estudio socioeconómico que certifique la incapacidad de una persona para efectuar el pago por alquiler de una vivienda, así como garantías por parte del gobierno local para no efectuar el desalojo en tanto no se le consiga una vivienda de características similares en un radio no mayor de 15 kilómetros de distancia del inmueble origen de la querella.  Es cierto que uno de los anhelos de todo Estado que busque el bienestar de sus gobernados es poderles garantizar el derecho a contar con una vivienda, pero esto no debe ir en deterioro de la propiedad privada de un tercero que ha establecido un contrato civil con una persona con necesidad de un espacio donde residir.  Cabe recordar que al haberse establecido un acuerdo escrito entre ambas partes por la prestación de un servicio de arrendamiento de un inmueble, se generan también obligaciones que el arrendatario se compromete a cumplir y que al no hacerlo, provoca problemas que debe resolver quien le facilitó el inmueble, pues ha invertido recursos con los cuales planeaba obtener utilidades, además de que está en obligación de pagar impuestos.  Por lo anterior, favorecer a un grupo va en detrimento de los derechos de otro. Se trata de un galimatías jurídico que merece un análisis más profundo.

28 de Noviembre de 2019

1.  Sin pausa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, viajó a la Ciudad de México y dijo que “está prácticamente aprobado y listo el plan de rescate e inversión multianual del Aeropuerto de Guadalajara, que nos va a permitir muy pronto tener la segunda pista del aeropuerto, y segundo, estamos ya muy avanzados para el proyecto de transporte público para conectar a esta zona de la ciudad, el paso número uno era la construcción de Mi Macro Periférico, conocido como Peribús, poder también articular después el sistema BRT que va a venir al aeropuerto y a la zona industrial de El Salto”. Resaltó, además, proyectos carreteros y la vía del ferrocarril que conectará a Guadalajara con los Altos Norte. Pocos mandatarios con ese ritmo, sinónimo de desarrollo. 2. Un gran día. En Chihuahua, el gobernador Javier Corral presentó el Fondo de Reparación de Justicia con un presupuesto de alrededor de 3 mil millones de pesos, provenientes del dinero recuperado, en tres años, del combate a la corrupción en la anterior administración. Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, fue uno de los invitados. Corral ha demostrado que se puede combatir la corrupción. Tan es así que Romero Aranda reconoció a la entidad como la única que presenta expedientes para judicializar y la puso de ejemplo a nivel nacional. El dinero etiquetado será utilizado para la atención y obras en beneficio de la población más vulnerable. Por fortuna, en política hay niveles. Y en Chihuahua, de los más altos. 3. La importancia de cumplir. La Secretaría de Cultura, encabezada por Alejandra Frausto, y titulares de organismos de cultura de las 32 entidades del país sostienen la Reunión Nacional de Cultura 2019. El objetivo es trazar una política cultural que fomente la paz y la concordia. Frausto confía en que “esta jornada de trabajo, diálogo, de reconstrucción, nos ayude a generar una política fuerte en el sentido del país que soñamos todos, un país en concordia, un país que tenga las herramientas suficientes para dialogar con el mundo a partir de su cultura y un país que construya cada día a partir de la cultura, la paz”. Suena muy poética la idea de que con cultura se arrancará a los jóvenes de la delincuencia. Menos charla bonita y más efectividad. Que calle la bala. 4. El pretexto Trump. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, confesó que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura no es la panacea para resolver, en lo inmediato, la situación económica del país, pues existen situaciones internas y externas que no ayudan, como las declaraciones del presidente Donald Trump. “Yo no veo esa desconfianza” entre el sector privado y el gobierno federal, destacó. Pero, “tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque para saber qué le está pasando a la inversión, hay cosas externas que nos afectan a todos: primero, el mundo se está desacelerando, además de que no controlamos las opiniones del presidente Trump”. Debería entender, como la mayoría de los mexicanos, que los amagos de Trump son de salva. El mundo es mucho más que EU. No se desanime. 5. ¿Hígado en exceso? Rosario Robles, extitular de Desarrollo Social y de la Sedatu, podría ser la primera exfuncionaria sometida a un juicio político en México por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos. Así lo determinó la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, dijo que Robles contaba con solicitudes de juicio político desde 2013. “Fue un tema de un recurso que fue etiquetado a las universidades, que no hay antecedente alguno y por estar violando un tema de derechos humanos, y un tema de las facultades que le fueron conferidas allá en los dos encargos que tuvo”. Del poder político a prisión y ahora a los libros de historia. ¿En verdad no es una venganza de sus excompañeros? Mmm. Todo indica.