Editorial EL UNIVERSAL /Una ley precipitada

La tarea de los Congresos en México lamentablemente no goza de buena reputación. A los legisladores se les asocia con escasa labor legislativa, con seguir la línea de sus coordinadores y de aprobar leyes “al vapor” de manera frecuente. En los últimos meses se han conocido casos que demuestran escasa o nula revisión de lo aprobado, sin pasar por el filtro de juristas o especialistas. Así, en el Congreso de la Unión en diciembre pasado “por un error” se eliminó de la ley la autonomía universitaria y tuvieron que pasar varias semanas antes de que pudiera subsanarse. Luego, se aprobó la Ley de Remuneraciones, que de inmediato tuvo que sufrir enmiendas debido a que en su texto se hacía alusión a entidades que ya no existen, como el Distrito Federal. Ahora, una ley aprobada en el Congreso de la Ciudad de México está generando polémica debido a que prácticamente alienta la cultura del impago de la renta de vivienda, así como la invasión de inmuebles. El nombre de la norma también revela redundancia. ¿Era necesario que la designaran “Ley Constitucional”? ¿Acaso no todas las leyes son constitucionales? En su colaboración publicada el miércoles 29 en estas páginas, Ignacio Morales Lechuga advierte que el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México contribuirá a debilitar el Estado de derecho, debido a que esa norma no permitiría el desalojo inmediato de quienes presentan atrasos en el pago de renta de una vivienda o incluso de quienes la han invadido. Los desalojos se darían en casos excepcionales, pues para estas personas debe prevalecer el derecho a una vivienda. De acuerdo con la ley, de darse el desalojo la autoridad estará obligada a “garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos”. Si no se modifica la ley, las repercusiones serían graves. Por un lado, el riesgo de que propietarios de inmuebles dejen de rentar y de que las inmobiliarias dejen de construir. Por el otro, una carga para el gobierno local, que por ley tendría que otorgarle una vivienda a los desalojados. Después de la publicación del texto de Morales Lechuga, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el artículo de la citada ley y en el Congreso local se aceptó que la norma suscita un conflicto jurídico por lo que es urgente revisarla. Tan importantes son el derecho a la propiedad privada como el derecho a una vivienda; ¿en qué casos “excepcionales” podrá permitirse el desalojo? Si los legisladores quieren garantizar el derecho a la vivienda, tendrán que encontrar fórmulas más creativas para compaginarlo con el derecho a la propiedad privada. No se pide perfección, pero sí un trabajo producto de una labor profesional y no de la precipitación, mucho menos del descuido. OPINIÓN / Una ley precipitada La tarea de los Congresos en México lamentablemente no goza de buena reputación. A los legisladores se les asocia con escasa labor legislativa, con seguir la línea de sus coordinadores y de aprobar leyes “al vapor” de manera frecuente. En los últimos meses se han conocido casos que demuestran escasa o nula revisión de lo aprobado, sin pasar por el filtro de juristas o especialistas. Así, en el Congreso de la Unión en diciembre pasado “por un error” se eliminó de la ley la autonomía universitaria y tuvieron que pasar varias semanas antes de que pudiera subsanarse. Luego, se aprobó la Ley de Remuneraciones, que de inmediato tuvo que sufrir enmiendas debido a que en su texto se hacía alusión a entidades que ya no existen, como el Distrito Federal. Ahora, una ley aprobada en el Congreso de la Ciudad de México está generando polémica debido a que prácticamente alienta la cultura del impago de la renta de vivienda, así como la invasión de inmuebles. El nombre de la norma también revela redundancia. ¿Era necesario que la designaran “Ley Constitucional”? ¿Acaso no todas las leyes son constitucionales? En su colaboración publicada el miércoles 29 en estas páginas, Ignacio Morales Lechuga advierte que el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México contribuirá a debilitar el Estado de derecho, debido a que esa norma no permitiría el desalojo inmediato de quienes presentan atrasos en el pago de renta de una vivienda o incluso de quienes la han invadido. Los desalojos se darían en casos excepcionales, pues para estas personas debe prevalecer el derecho a una vivienda. De acuerdo con la ley, de darse el desalojo la autoridad estará obligada a “garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos”. Si no se modifica la ley, las repercusiones serían graves. Por un lado, el riesgo de que propietarios de inmuebles dejen de rentar y de que las inmobiliarias dejen de construir. Por el otro, una carga para el gobierno local, que por ley tendría que otorgarle una vivienda a los desalojados. Después de la publicación del texto de Morales Lechuga, el gobierno de la Ciudad de México rechazó el artículo de la citada ley y en el Congreso local se aceptó que la norma suscita un conflicto jurídico por lo que es urgente revisarla. Tan importantes son el derecho a la propiedad privada como el derecho a una vivienda; ¿en qué casos “excepcionales” podrá permitirse el desalojo? Si los legisladores quieren garantizar el derecho a la vivienda, tendrán que encontrar fórmulas más creativas para compaginarlo con el derecho a la propiedad privada. No se pide perfección, pero sí un trabajo producto de una labor profesional y no de la precipitación, mucho menos del descuido.

Frentes Políticos 1. Sin distingos. Llegó la hora de ver si los mandatarios emanados de partidos opositores a Morena están o no con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. El Presidente de la República informó que se reunirá en breve con gobernadores panistas. “Ahora están gobernando para todos, sin embargo, es importante que también se conserven los agrupamientos a partir de las políticas de cada organización”, dijo. Con la decena de mandatarios estatales del PAN con los que se mantendrá un diálogo, acordará “el beneficio de todos los ciudadanos porque no hay gobernadores preferidos porque se afecta a ciudadanos de otros estados y yo tengo que gobernar para todos los mexicanos”, precisó. Son diez los gobernadores del albiazul. Ojalá que se olviden que las campañas concluyeron y vean de verdad por el bien de la nación. Pelear no lleva a nada. 2. Degradación. Es vergonzoso lo que sucede en el Senado. Una instalación en la que los controles de seguridad son los más férreos fue vulnerada con métodos infantiles. Un artefacto explosivo detonó al interior del recinto legislativo. Fue en la oficina de la senadora Citlalli Hernández y le causó heridas leves. Consejeros del INE reprobaron y lamentaron el incidente y externaron solidaridad con la legisladora. El consejero Marco Baños pidió hacer consciencia de la gravedad que tiene el mandar explosivos y reprobó el hecho. En horas, las medidas de seguridad se reforzaron en la Cámara de Senadores, que incluyen revisiones a mochilas y el paso de objetos metálicos por el arco de seguridad. Ya para qué, falló el responsable de seguridad y la fragilidad quedó en evidencia. ¿Éste es el México que hemos diseñado? 3. Contrarreloj. Los más probados analistas financieros garantizaban que para mayo de 2019 habría firma del T-MEC. No fue así. El gobierno mexicano anunció la entrega al Senado, para su debate y ratificación, del renovado acuerdo comercial, un día después de que Canadá hiciera lo propio, mientras, persiste incertidumbre sobre el respaldo en Estados Unidos. Éste es el horizonte: en México, Morena junto con sus aliados políticos, cuenta con una cómoda mayoría en el Congreso; en Canadá la aprobación también está garantizada, ya que el Partido Liberal, de Justin Trudeau, es igualmente mayoritario. En Estados Unidos, los demócratas en el Congreso siguen preocupados por los derechos de los trabajadores, la resolución de disputas y otros temas. Jesús Seade, subsecretario mexicano para América del Norte, a punto de lograr la encomienda de su vida. Ya se tardaron. 4. Gran idea. Es cierta la percepción de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, los delincuentes se agazapan en unidades habitacionales que son verdaderas madrigueras. Luego de encabezar la cuarta entrega de recursos para el rescate de estos complejos, la mandataria local denunció que el año pasado se entregó solamente la tercera parte de 110 millones de pesos etiquetados, pero después se les abandonó. En la capital hay unas dos mil 200 unidades habitacionales en las que grupos delictivos asaltan a sus propios vecinos, beben alcohol y consumen sustancias tóxicas en espacios comunes. ¿Y habrá cárcel suficiente para tanto truhan?, ¿podrán sus policías con los mequetrefes? Simples preguntas… 5. Siempre es mejor la paz. El consejero del INE, Marco Baños,explicó que en diversas reuniones previas a las elecciones en Puebla, los dirigentes locales de los partidos que participarán se han comprometido con el instituto para evitar la violencia que se vivió en las elecciones 2018 y apegarse a “un marco de civilidad y respeto a la ley y buscarán no tener ningún tipo de actividades, acciones que pudieran desbordar la tranquilidad de la jornada electoral del próximo domingo”. El consejero presidente Lorenzo Córdova aseguró que no existen focos rojos en la entidad y comentó que “si hoy decimos que las condiciones de paz pública están garantizadas es porque hay un trabajo previo”. Es preocupante, porque la violencia a nivel campañas no para. ¡Asociéguense! Bitácora del director / ¿Quién facilitó la fuga de Emilio Lozoya? Las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República sobre la compra de la planta Agro Nitrogenados por parte de Pemex o sobre el caso Odebrecht o cualquier otro no dependen de lo que quiera hacer o no hacer el gobierno federal, me dijo ayer el fiscal Alejandro Gertz Manero. En entrevista para Imagen Radio, Gertz rechazó que haya contradicción entre la afirmación del Ejecutivo de que sólo se está persiguiendo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, porque ése es un caso que viene “desde el gobierno anterior” y la del propio fiscal, quien dio a conocer que fue la actual administración de Petróleos Mexicanos la que presentó, en marzo pasado, una querella sobre la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos.  “El presidente Andrés Manuel López Obrador no está generando una persecución de ninguna índole. Los expedientes y los procesos que tiene a su cargo la Fiscalía son absolutamente autónomos. Nosotros no nos regimos por las estructuras del gobierno. Somos una entidad autónoma del Estado mexicano y todos los expedientes, todos, los que sean procesables, los vamos a procesar”. En la conversación, el fiscal relató lo que realizó la dependencia a su cargo, durante más de dos meses, para obtener la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira, dueño de AHMSA.  “Fue una tarea incansable para que Pemex nos entregara –y eso está debidamente documentado en todo el procedimiento– todas las pruebas que tenía de la denuncia que estaba formulando, más las que nosotros teníamos que presentar por nuestra propia cuenta para realmente poder tener un caso que fuera lo suficientemente sólido, y no se convirtiera en un escándalo más de éstos que prometen mucho y que acaban en nada”. Una vez obtenidas las pruebas, prosiguió, “lo llevamos ante un juez de control, quien tiene que revisar el expediente para ver si todas las pruebas están debidamente integradas; y eso nos llevó a un lapso de prácticamente dos días de estar ahí a la puerta del juzgado, esperando (las órdenes de aprehensión), mientras salió a la luz una serie de informaciones de entidades del gobierno sobre este caso, lo cual nos generó una presión todavía mayor”. —¿Te refieres al bloqueo de cuentas? —Me refiero a todas las informaciones que no salieron de la Fiscalía y que no fueron en ninguna manera en abono al trabajo que estábamos haciendo. —¿Estas filtraciones son la razón por la que no ha sido detenido Emilio Lozoya? —Exactamente, ésa es la razón. Le pregunté si Lozoya y Ancira tuvieron información de preparar su evasión. —Ellos se fugan de una orden específica de detención. Tuvieron los elementos suficientes para saber que íbamos por ellos. Precisamente por eso, cuando se trata de obtener una orden de aprehensión, se hace en una audiencia privada con el juez de control. Y es una audiencia privada que tiene las características que te estoy comentado. —Cuando Ancira es detenido en Mallorca, ¿cuánto tiempo llevaba fuera del país? —Él salió de México momentos después de que se dieron a conocer todos esos datos a los que tú te refieres. Él salió por automóvil, por uno de los puestos fronterizos, y de ahí hasta Nueva York. “Teníamos una enorme presión porque la oficina de Interpol en París, que es con la que trabajamos, sólo deja una guardia los fines de semana, y nos urgía que emitieran la ficha roja”. ¿Quién filtró, y con qué propósito, que la Fiscalía había obtenido las órdenes de aprehensión? ¿Cuánto influyeron el congelamiento de cuentas y la inhabilitación de la SFP?