San Luis Potosí, México (07 noviembre 2017).- Los legisladores deberían retomar la propuesta de limitar y poner mayores candados o desaparecer la entrega de apoyos legislativos para evitar que quede duda en la entrega de estos, consideró Manuel González Matienzo, experto en temas jurídicos. Esto luego de que se reveló que Francisco Benjamín Lozano Canseco, proveedor denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE) como uno de los beneficiarios de una fiesta fantasma. presuntamente realizada en dicha institución, ha aparecido también como beneficiario de cheques gestionados por el diputado Manuel Barrera Guillén. En entrevista para WFM 100.1, el abogado indicó que hay que distinguir dos momentos, desde un punto de vista legal, el primero es el pago de una factura a una persona que está en duda su existencia y en el que se presume fraude, dado que se debe valorar si los servicios presuntamente prestados eran sujetos de la Ley de Adquisiciones. Por otro lado, el segundo evento que ocurre al interior del Congreso del Estado en donde se solicitan los cheques y se autorizan sin que se dé una comprobación del uso de las partidas. Señaló que estos recursos de gestión legislativa han sido cuestionados en diversa ocasiones, ya que asociaciones civiles sin fines de lucro han buscado acceder a ellos sin obtener respuesta. Analizó que el Congreso del Estado sí podría tener facultad de verificar que estos recursos fueron empleados realmente para lo que se señaló. Incluso consideró que este puede ser un momento en el que los legisladores propongan “modificar la ley y restringir las partidas, pedir padrón, corroborar la existencia de estos beneficiados”, para mejorar las prácticas fiscales. Otra opción sería modificar el reglamento interior del Congreso para establecer más candados, “parece que la oportunidad es seria, debería debatirse”, concluyó.