El Sistema Estatal Anticorrupción permitirá una mejor coordinación entre las instituciones de vigilancia para realizar una investigación más efectiva sobre los distintos casos de corrupción, para generar sanciones administrativas o del orden penal, más no necesariamente agilizará los procesos de sanción, comentó Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Indicó que con este nuevo sistema se obligará a hacer evaluaciones anuales a las distintas instituciones, en cuanto a resultados en materia de control, prevención y combate a la corrupción. “En distintas instancias tienen la nuevas atribuciones legales para hacer más efectiva la coordinación, por ejemplo, ahora la investigación cuando está haciendo sus auditorías la Auditoría, la investigación en caso de que encuentre problemas de corrupción, las lleva hasta sus últimas consecuencias la misma Auditoria y ya no tiene qué pasárselas a la Secretaría de la Función Pública”.

Indicó que en materia penal, se presenta una denuncia por algún acto de corrupción a la Procuraduría y si por algún motivo se considera que esta no está avanzando en la investigación, ahora se puede presentar un recurso de inconformidad ante la falta de acciones de la Procuraduría. Dijo que el gran reto que se enfrenta de establecer estos mecanismos institucionales, tanto a nivel nacional como local, no solo es implementar mecanismos para una mejor coordinación entre los integrantes del sistema, sino también llevar estas acciones a la práctica. En el caso de las cuentas públicas realizadas por las Auditorías, ahora se establecen informes periódicos trimestrales que van a permitir acelerar la facultad de las Auditorías de proceder para interponer una denuncia y no tener que esperarse hasta cuando se termina la revisión de las cuentas públicas. Señaló que otra cuestión para que este sistema anticorrupción funcione es que el titular de la Fiscalía Anticorrupción o el titular del Órgano superior de Fiscalía como la ASE, no tienen que ser designados por criterios políticos. “Si el criterio de elección del fiscal es decidido porque permanece a cierto grupo político o les favorable a una coalición en el Congreso o cercano al Ejecutivo, no creo que vaya a haber una solución”.