HACE EXACTAMENTE UNA semana Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia mañanera los 15 proyectos hidráulicos prioritarios de la 4T. Según los cálculos de Palacio Nacional, los proyectos significan una inversión federal de 95 mil 550 millones de pesos, beneficiarían a 21.3 millones de personas e impactarían 135 mil 855 zonas de riego. Están ubicados en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Tabasco, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León y Durango, donde generarían unos 44 mil 817 empleos. Pero esos más de 95 mil millones que AMLO está etiquetando para “sus” proyectos es lo que más o menos, entre 80 mil y 90 mil millones, se necesitan para garantizar el agua como un “derecho humano”. ¿Qué tenemos que entender como “derecho humano”? El derecho de los mexicanos al acceso al preciado fluido: hoy cerca de 80% del territorio nacional sufre de la carencia del vital líquido. Noventa mil millones de pesos anuales es lo que precisamente se necesitan para asegurar el acceso al agua y el Presidente destina la misma cantidad para proyectos de riego por donde se dilapida el preciado recurso. Contrariamente a lo que se dice, no es la industria la que desperdicia impunemente el agua, sino los deficientes y obsoletos sistemas de riego de los agricultores del país: por ahí se pierde 80% del agua. En el sexenio de Enrique Peña Nieto existió una política abierta para otorgar concesiones al sector productivo, que desarrolló zonas económicas con empleo y derrama salarial, contra, ahora, una política de prohibición. Se requiere una política hídrica que ponga en el centro la “resiliencia”, y la suma de necesidades de la sociedad más el medio ambiente, privilegiando la seguridad hídrica y la certeza jurídica en las inversiones.

Raquel Buenrostro. Imagen: El Heraldo de México

Pero no despropósitos, como los que anunció hace unas semanas la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, que adelantó que se publicaría un decreto que prohibirá nuevas concesiones de agua. Esta nueva restricción para el sector productivo también afectará 16 estados de la República Mexicana, particularmente en el norte del país. Ahora será solamente Andrés Manuel López Obrador el que las otorgará por excepción. Lo anterior es ilegal e inconstitucional porque aplicaría la discrecionalidad e inequidad, las decisiones de a quién sí y a quién no otorgarle la concesión, se circunscribiría a una variable política no técnica. Con esta medida de prohibición se daría al traste al tan llevado y traído nearshoring o relocalización de empresas asiáticas en la frontera norte de México. Imagínese quién en su sano juicio querría invertir en México para reubicar sus operaciones de manufactura si no tiene la certeza del agua. Con la política de López Obrador, nuevas inversiones extranjeras buscarán otras opciones de países para relocalizarse.

Carlos Slim. Imagen: El Heraldo de México A PROPÓSITO DE agua y acueductos, los grupos Carso, de Carlos Slim, e ICA, que dirige Guadalupe Phillips, enfrentan ooootro problema reputacional por la construcción de El Realito, en la ciudad de San Luis Potosí. Al igual que en la tristemente célebre Línea 12 del Metro en la CDMX, ambas constructoras presentaron fallas en la calidad de sus trabajos en esa obra, acueducto y presa, por la que se pagaron alrededor de 8 mil millones de pesos. La cortina de la barrera se agrietó y el agua empezó a filtrarse lo que implica el riesgo de que el embalse se vacíe. Al parecer no se aplicaron las especificaciones de construcción requeridas y ahora hay que invertirle unos 300 millones de pesos para repararla. El Realito la opera Acualia, donde uno de los socios es FCC, de Slim, y el fondo australiano IFM, dueña de Aleática, que comanda Rubén López. EL CASO QUE ya es una papa caliente es el de Don Apoyo. Esta sociedad financiera de objeto múltiple empezó a incumplir sus compromisos de pago de intereses y capital a sus inversionistas desde diciembre. La única explicación que sus administradores encabezados por Federico Ramos Francia y Omar Saavedra Boddy dieron es que estaban realizando una auditoría. Hoy día ya no existe el sitio web y nadie contesta en sus oficinas. El 28 de abril fue declarada en concurso mercantil y se designó a Alejandro Vázquez Salido como conciliador. A estas alturas, queda claro malos manejos y fraudes a sus clientes, algunos de ellos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que dieron en custodia millonarias sumas de dinero. Se habla de un boquete superior a 2 mil 200 millones de pesos. Otros de sus socios son Mario de la Vega y Javier Pastrana. SOBRE EL CONCURSO mercantil que solicitó Promotora Higa, de Juan Armando Hinojosa, el tiro se lo dio el Industrial Commercial Bank of China (ICBC), que en 2018 otorgó un crédito de 440 millones de pesos para construir el Desarrollo Alpes Residencial II en la CDMX. Sin embargo, dos meses antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el COVID-19, el ICBC le suspendió el suministro de los recursos. Paralelamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum paró todas las obras, aunque lo que no se paró fue el cobro de intereses de los chinos por los 266 millones que sí se lograron aplicar. Para tapar el hoyo, Higa pidió a Inbursa en agosto de 2021 otro préstamo por 355 millones que sólo complicó todavía más las cosas, el cual en octubre de 2022 también les suspendieron.

Arturo Alcalde. Imagen: El Heraldo de México NAFINSA Y BANCOMEXT no han querido resolver un conflicto sindical por desacuerdos en el escalafón salarial que ya lleva nueve meses. Mucho ha tenido que ver la cerrazón del director de ambas instituciones, Luis Antonio Ramírez. El choque ha llegado al extremo del acoso laboral contra los sindicalizados a los que les impiden la entrada a las oficinas generales y hasta trataron de despojarles sus sedes sindicales. Pero lo peor es que el asesor legal de ambas representaciones gremiales, oooootra vez el laboralista Arturo Alcalde, nada ha podido o querido hacer para arreglar este asunto, con todo y que su hija, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, ha convocado a por lo menos tres reuniones de conciliación en las que Ramírez ha dejado plantados a sus contrapartes.

Juan Ramón de la Fuente. Imagen: El Heraldo de México TRAS LA RENUNCIA ayer de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para dedicarse de lleno a la campaña en busca de la candidatura de Morena para la Presidencia de la República, dos nombres empezaron a sonar con fuerza para relevarlo. Uno es el del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, y el otro es el embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma. El nombre del nuevo canciller deberá conocerse a más tardar el próximo lunes.

POR DARÍO CELIS ESTRADA COLABORADOR @DARIOCELISE