La eventual aprobación del fracking en la Huasteca Potosina no solo implicaría un fuerte impacto ambiental y económico, sino también el inicio de movilizaciones sociales a nivel regional, advirtieron representantes de pueblos indígenas durante el cuarto foro “No al Fracking”. Las comunidades fueron enfáticas: si las autoridades federales avanzan con la implementación de esta técnica, responderán con organización y protesta.

“Estamos previniendo hacer una movilización a nivel regional contra el fracking”, señalaron, al advertir que no permitirán que se lleve a cabo en sus territorios sin su consentimiento. El posicionamiento no quedó en una advertencia aislada. Representantes indígenas informaron que ya cuentan con un plan de acción que incluye asambleas permanentes en las comunidades, difusión de información sobre las decisiones del gobierno federal y la preparación de procesos legales sustentados en su reconocimiento como sujetos de derecho. La resistencia, aseguraron, sería sostenida y respaldada por organizaciones a nivel nacional. Esta reacción surge ante los riesgos que, aseguran, traería consigo el desarrollo de proyectos contemplados en la estrategia de Pemex para el periodo 2025-2035. De acuerdo con Roge del Rosar Valladares, coordinador de organizaciones campesinas e indígenas, el fracking afectaría directamente dos polígonos que abarcan 17 municipios, 367 comunidades y más de 4,400 kilómetros cuadrados. Las características del proceso perforaciones sería hasta de ocho kilómetros de profundidad y fracturación en múltiples direcciones, utilizando hasta 29 millones de litros de agua por pozo, además de más de 750 sustancias químicas. Estas prácticas implican la ruptura de la roca madre para liberar hidrocarburos, lo que incrementa el riesgo de contaminación. Entre las principales consecuencias ambientales destaca el posible daño a cerca de 200 cuerpos de agua permanentes que abastecen a aproximadamente 235 mil habitantes, de los cuales el 70% pertenece a comunidades indígenas. La afectación al recurso hídrico es uno de los principales detonantes de la oposición social. A la par, sectores productivos clave de la región podrían verse seriamente comprometidos: más de 102 mil hectáreas de caña de azúcar, la producción de 162 mil toneladas de carne de res, 14 mil hectáreas de café y 26 mil hectáreas de cítricos. También se anticipan impactos negativos en el turismo, actividad fundamental para la economía local. Pese a que desde el gobierno federal se ha planteado la posibilidad de desarrollar esquemas “sustentables”, las comunidades rechazaron esta narrativa. “No hay un proyecto de fracking que sea amigable para el medio ambiente”, afirmaron, insistiendo en que las técnicas siguen siendo las mismas, independientemente del nombre con el que se presenten. Durante el foro, un representante indígena proveniente de Los Mochis, Sinaloa, reforzó esta postura al compartir su experiencia en la bahía de Ohuira, donde aseguró que el desarrollo energético transformó una región agrícola en un corredor industrial petroquímico.

“Aquí no están solos”, expresó, al advertir que existe una red de organizaciones en todo el país dispuestas a respaldar la resistencia. “El fracking no es desarrollo, es destrucción ambiental”. Las comunidades coincidieron en que la imposición de este tipo de proyectos sin respaldo social podría escalar rápidamente a un conflicto mayor, donde la defensa del territorio y los recursos naturales se traduzca en movilizaciones masivas en la región Huasteca. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H