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De cara al inicio del proceso electoral de 2024, es necesario que se cuente con titular para garantizar “operatividad"
01:52 jueves 12 octubre, 2023
San LuisEs “pertinente” y “necesario” que se cuente con un titular de la Fiscalía Especializada en delitos electorales para dotar de operatividad y certeza su actuación de cara al inicio del proceso electoral del 2024, indicó el consejero electoral Marco Iván Vargas Cuéllar. Agregó que resulta fundamental que esta dependencia, encargada de resolver los delitos en materia electoral y que a pesar de continuar acéfala sigue con sus funciones, tenga su titular para el inicio del proceso electoral, que de acuerdo con lo que dispusieron las modificaciones del Congreso del Estado a la Ley Electoral local, marca como inicio el 2 de enero del próximo año. El consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) detalló que durante la realización del plebiscito de Villa de Pozos se exhortó a la ciudadanía a que presentaran sus quejas ante la Fiscalía Electoral o el Ceepac ante conductas violatorias a la normativa electoral que fueran detectadas, para su posterior investigación. Durante el proceso del plebiscito se suscitó la sustracción de 100 boletas para emitir opinión y se levantó un acta ante la Oficialía Electoral y la Secretaría Ejecutiva y detectaron lo que pudo haber ocurrido con las boletas. Posteriormente concluyeron con certeza que las boletas “no fueron utilizadas y no aparecieron en ninguna otra casilla”. Sin embargo, dijo desconocer en qué va el procedimiento del robo de boletas y si se turnó a la Fiscalía Electoral para que continuara con el procedimiento. “La Oficialía Electoral y la Secretaría Ejecutiva del organismo tomó conocimiento de los hechos y no se identificó algún mal uso del material extraído”, expuso. Señaló el consejero que también se suscitó durante el plebiscito otro acontecimiento que no fue presentado como una denuncia formal por lo que no hubo investigación. Se trata de la renuncia por parte de un capacitador electoral en donde se indicaba que era motivada por cuestiones personales y por la identificación de supuestas conductas de funcionarios públicos que trataban de incidir en la participación de las personas que formaban parte de las mesas receptoras. No obstante, no procedió por falta de pruebas y elementos suficientes para iniciar una investigación.