Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido este fin de semana en Michoacán, el especialista en temas de seguridad Francisco Salazar Soni advirtió que el crimen refleja una crisis estructural en los municipios del país, que desde hace años enfrentan graves limitaciones para garantizar la seguridad pública y contener el avance del crimen organizado. “El homicidio de un presidente municipal no es un hecho aislado. Es parte de un patrón criminal que tiene años gestándose, y que hoy exhibe al eslabón más débil del federalismo mexicano: los municipios”, señaló Salazar Soni. En entrevista para “Así las Cosas”, el experto recordó que desde 2009 Michoacán ha sido escenario de múltiples ataques, operativos y detenciones de funcionarios locales vinculados con grupos delictivos, lo que demuestra, dijo, una crisis de gobernabilidad local que no ha podido resolverse. “Los municipios tienen facultades constitucionales en materia de seguridad, pero carecen de los recursos, del personal y de las instituciones necesarias para cumplir con esa tarea. Hace más de una década recibían cerca de 18 mil millones de pesos en subsidios federales; para 2026 apenas serán 2 mil millones. Eso te habla del abandono en que se encuentran”, explicó. Salazar Soni subrayó que el asesinato de Manzo pone en evidencia el grado de infiltración y control que mantienen los grupos criminales y caciques locales sobre las estructuras municipales, desde las policías hasta las direcciones de comercio o los presupuestos públicos. “Hay alcaldes que enfrentan directamente al crimen y carecen de respaldo; otros simplemente optan por no intervenir. Pero el problema de fondo es que en muchas regiones el poder real ya no lo tienen las autoridades, sino las estructuras criminales”, lamentó. El especialista consideró que la violencia y la inseguridad se han politizado, y que muchas veces el apoyo federal o estatal depende del partido político al que pertenece el alcalde, lo que genera desigualdad y vulnerabilidad en la respuesta institucional. “Ya no se trata de una política criminológica, sino de un tema partidista. Si el municipio es del mismo color político, recibe apoyo; si no, se le deja enfrentar solo la violencia. Esto agrava el riesgo y erosiona la confianza ciudadana”, advirtió. Salazar Soni también alertó que el caso de Uruapan no es único, y que existen al menos entre 50 y 60 municipios en el país catalogados como focos rojos, donde la violencia, la extorsión y la infiltración del crimen son parte de la vida cotidiana. “Hoy ser alcalde en México se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Muchos candidatos han abandonado sus campañas por amenazas o por miedo. Gobernar se ha convertido en un acto de valentía en territorios dominados por el crimen”, afirmó. Finalmente, el experto hizo un llamado a repensar el modelo de seguridad municipal, fortalecer las instituciones locales y garantizar condiciones de protección reales a los servidores públicos. “Mientras el Estado no asuma el control total de la seguridad, mientras se siga dejando a los municipios solos, seguiremos lamentando hechos como el de Uruapan. El gobierno no puede perder el control de la historia”, concluyó.