Quien tenga ojos para ver, que vea. México es una enorme fosa clandestina. Un gran cementerio. La crisis por miles de desaparecidos es inocultable. Por más que desde el gobierno federal se intente maquillar, no puede minimizarse, mucho menos esconderse.

Con los gobiernos de la 4T la cifra oficial de desaparecidos ronda las 70 mil. Es decir, en menos de ocho años, representa más de la mitad de los desaparecidos acumulados a lo largo de todos los gobiernos anteriores. Más de 50 mil con AMLO, casi 20 mil con Sheinbaum.

Por eso a nadie tendría que sorprender que, en un hecho sin precedentes, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada anunciara hace unos días (el pasado 2 de abril) su decisión de pedir al secretario General de la ONU, llevar el tema de las desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General.

Lo que sucede en nuestro país hace rato dejó de ser excepción, para convertirse en patrón. No son casos aislados.

México es la Nación, que no atraviesa un conflicto armado, con más desaparecidos del mundo. Aun así, el gobierno ha tomado la decisión de no asumir su responsabilidad y rehuir a su obligación. Negar el drama, no lo elimina; lo profundiza.

La decisión del Comité de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas, debería ser vista como una herramienta que acompañe a las autoridades para hacer frente a la crisis. Pero no. La 4T ha visto, de nuevo, un complot.

El Comité observa que la información con la que cuenta le permite tener indicios fundados de que en México se han cometido y siguen cometiendo desapariciones forzadas que rayan en crímenes de lesa humanidad.

No se trata de casos aislados, sino de ataques sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y regiones del país.

“Basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”, apuntó la ONU en un comunicado del pasado 2 de abril.

“Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos”, señala.

¿Quién con intención de poner un alto a la crisis podría negarse a recibir ayuda, lo mismo económica que técnica y de especialistas? ¿Por qué el gobierno mexicano se niega a aceptarla?

“El Comité también citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas, estimando que se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados”, refiere.

El primer paso para enfrentar semejante crisis, sería reconocerla. ¿Por qué no lo quiere hacer el gobierno mexicano? Si la administración actual no provocó la tragedia, ¿por qué no ayuda a resolverla?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

COLABORADOR

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