La intervención del gobierno para tratar de bajar de manera artificial los precios de los alimentos comienza a generar distorsiones en el sector productivo. El primer foco de preocupación se presenta en el sector pecuario, concretamente entre los productores de carne de cerdo, que encaran una drástica caída en los precios al productor cuando sus costos siguen por las nubes. Esto se debe a que el gobierno a fines del año pasado abrió de manera indiscriminada los mercados de alimentos para tratar de bajar la inflación sin reconocer el alza en insumos. La mala noticia es que si bien una parte del mercado se ha inclinado por carne importada, la baja en el precio al productor no se ha reflejado en el precio que pagan millones de consumidores. La denuncia la hace Heriberto Hernández Cárdenas, presidente de Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) quien precisa que el precio en pie de cerdo a marzo fue de 22 pesos, cuando los costos de producción por alza en insumos como el maíz alcanzan hasta 40 pesos. Esto ha llevado a la acumulación de inventarios para los productores, lo que de continuar ocasionará la descapitalización de las unidades productivas. La problemática es del conocimiento de la Sader, a cargo de Víctor Villalobos, como de Economía, de Raquel Buenrostro, pero las autoridades federales no han dado respuesta a los porcicultores que desde diciembre pasado encaran una drástica caída en sus ventas ante la entrada de carne de cerdo de Estados Unidos, Canadá y España. Hernández indica que la caída en ventas internas no se ha podido compensar con las exportaciones, donde por su gran calidad la carne de cerdo tiene gran aceptación en mercados como Japón. Añadió que la crisis porcícola hace necesario que la Secretaría de Economía tenga una visión integral de toda la cadena de crianza, alimentación y comercialización de los cerdos para que los incrementos en costos sean absorbidos por todos y no sólo por los productores. LA RUTA DEL DINERO

La contingencia que tiene CI Banco, al canalizar fondos del proyecto de la Plataforma de Gas Agosto 12, que están en un fideicomiso a favor de Coastal Energy Solutions PTE, de Singapur, y donde las cosas parece que cambian de rumbo. Ahora es la propia Coastal la que no sólo será llamada a juicio para responder por esos desvíos, sino también la Fiscalía General de la República a través de la UEIDAPLE luego que un juez de control solicitó la audiencia de vinculación a proceso contra su apoderado. Dicha audiencia se fijó para el 10 de abril en los juzgados del Reclusorio Norte bajo el expediente 66/2023. La audiencia requiere a Coastal cumplir con la debida diligencia que exige Pemex para el cumplimiento de sus contratos, lo que pone en riesgo la permanencia de esa compañía en proyectos estratégicos de la firma productiva del Estado.  POR ROGELIO VARELA