Hay cosas que no fallan: se realiza una marcha feminista y, al día siguiente, las brigadas de pintura trabajan como si se les fuera la vida en ello. El edificio de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí amaneció de manera inmediata casi “como nuevo”, listo para las fotos oficiales, como si los reclamos escritos en las paredes fueran un desperfecto y no un síntoma; como si el problema fuera el color de la pared y no la violencia que allí se denunció. Hubo una prisa tremenda por borrar lo visible, pero un desinterés casi quirúrgico por atender lo urgente. La iconoclasia incomoda, claro, porque dice lo que nadie en el poder quiere reconocer en voz alta. El mensaje fue muy claro: lo urgente es borrar y no escuchar. Pero mientras la brocha de la limpieza avanza, también lo hace la indignación. Este 25N, las colectivas en San Luis Potosí dejaron claro que “la alerta no se va”, porque la realidad no permite suavizar el tono. Feminicidios, desapariciones y agresiones, cifras que van en aumento sin que la respuesta institucional cambie en la misma proporción. ¿Qué se gana limpiando inmediatamente los muros cuando la violencia sigue desbordada? ¿Qué se pierde al ignorar lo que esas paredes gritaban? Según datos del gobierno estatal, la alerta de género sigue vigente en Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y la capital, mientras que en Matehuala, Tamazunchale y Tamuín ha sido levantada con condicionantes. Esto evidencia que, pese a los anuncios oficiales, la protección y la atención a las mujeres sigue siendo desigual y parcial, lo que explica la persistencia de la indignación en las calles. La movilización no surgió de un arrebato. Es resultado de años de intentos por trabajar muy de cerca con autoridades que aseguran estar “comprometidas”, pero cuyos procedimientos suelen quedarse en anuncios y protocolos que no son puestos en práctica en la vida cotidiana por las instituciones. El anuncio reciente de nuevo “Protocolo Samanta”, informado mediante una carta por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a una madre que perdió a su hija estudiante de la Facultad de Medicina por feminicidio el 6 de marzo de 2016, muestra la enorme distancia entre las intenciones y los verdaderos resultados. Es fácil prometer en papel mucho más de lo que la realidad necesita con urgencia. La iconoclasia molesta a la autoridad, incluso a la sociedad, porque obliga a mirar de frente lo incómodo. No son las formas “correctas”, dicen algunos y algunas. Pero, ¿Cuáles son las formas correctas en un país donde incluso seguir todos los pasos institucionales termina, la mayoría de las veces, en carpetas archivadas y expedientes sin seguimiento? La protesta estalla y ocurre cuando las vías formales dejan de ser suficientes e inútiles. Además, insistir en criminalizar estas expresiones con leyes redactadas hace medio siglo revela más prisa por castigar la protesta que por atender su causa. Pretender aplicar criterios pensados para proteger monumentos y edificios sin reconocer que hoy esas mismas estructuras son usadas para ocultar verdades incómodas, solo hace más profunda la fractura entre instituciones y ciudadanía. La iconoclasia, duela o no, se ha convertido en una metáfora: romper la imagen para evidenciar la ruptura social y política. No es un capricho, es una respuesta a un sistema que ha dejado en pausa la justicia para miles de mujeres. Cuando la voz no alcanza, las paredes también hablan y se convierten en lienzos de la denuncia. Y eso no debería sorprendernos, porque la historia siempre ha registrado sus momentos más importantes en el espacio público. Lo verdaderamente revelador es que la discusión se siga centrando en la pintura y no en lo que la motivó. ¿Por qué seguimos preguntando si es correcto pintar un muro, pero no si es tolerable que la violencia siga en ascenso? ¿Por qué se exige orden a quienes protestan, pero no urgencia a quienes deben garantizar seguridad? Lo que más sorprende no es la pintura fresca para limpiar la fachada de la Secretaria de las Mujeres en San Luis Potosí, sino el seco y podrido silencio institucional. Mientras cientos de mujeres y familias gritaban que “la alerta no se va”, las autoridades respondieron con brochas, no con compromisos. Entre la multitud había madres de víctimas, estudiantes, niñas que lamentablemente ya entienden mejor que muchos funcionarios lo que significa caminar con miedo día a día. ¿Qué mensaje reciben cuando su denuncia dura menos que el secado de una pared? Que la forma importa más que el fondo. Que la apariencia vale más que la vida. Y si uno mira con más calma, hay algo más profundo que destacar aquí. La rapidez con la que se limpia una pinta contrasta con la lentitud para atender denuncias, activar protocolos o garantizar seguridad. Parece una ecuación perversa: restaurar muros cuesta menos que restaurar la confianza. Y, al final, ¿quién pierde? La ciudadanía, por supuesto. ¿Quién gana? El aparato institucional que prefiere presumir orden antes que asumir responsabilidad. Las fachadas, al menos, siempre estarán impecables. Si algo dejó claro este 25N es que las marchas no buscan dañar edificios, si no que buscan preservar memoria, exigir justicia y advertir que la normalización de la violencia no será tolerada por las victimas den San Luis Potosí. Y mientras la respuesta gubernamental siga siendo restaurar muros en lugar de restaurar derechos, la consigna permanecerá; porque la pintura puede borrarse, pero la realidad, no. Por eso las colectivas insisten en que la memoria no debe borrarse. Las paredes hablan porque muchas instituciones callan. Podrá la autoridad responder a las protestas pintando encima todas las veces que quieran, pero la historia regresará. Y regresará mientras las víctimas sigan esperando, mientras las madres sigan buscando, mientras las marchas sigan creciendo. La verdadera incomodidad no está en las pintas, está en la insistencia, necedad y terquedad institucional de pretender que ya está todo “solucionado”. La Alerta (de Violencia de Género contra las Mujeres) no se va… y la dignidad tampoco.