La Cámara de Diputados de Argentina aprobó de forma contundente un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei que vetará de los procesos electorales a quienes tengan una condena por delitos de corrupción ratificada en segunda instancia. Bajo el nombre de “Ficha Limpia”, la propuesta obtuvo 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones en una sesión maratónica, y ahora enfrenta una prueba crucial en el Senado, donde el peronismo podría bloquearla al ostentar 34 de los 72 escaños, mientras se requieren al menos 37 para lograr la mayoría. La iniciativa, ya propuesta en el pasado por sectores de la oposición, impediría ser candidato a cualquier persona que tenga condenas penales en segunda instancia por delitos como enriquecimiento ilícito, fraude al Estado, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias. La inhabilitación estaría vigente hasta que un tribunal superior revoque la condena o hasta el cumplimiento de la pena. De transformarse en ley, esta medida amenazaría la posibilidad de una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera condenada en 2023 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por presuntas irregularidades en la obra pública. Dicha sentencia, sin embargo, se encuentra apelada y no es firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema. Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la movida como un “acto de proscripción política” que busca vetar la participación de Cristina Kirchner en los comicios legislativos de este año. Pese a estas acusaciones, la ley recibió también el apoyo de varios bloques opositores, entre ellos Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y algunas formaciones independientes que aspiran a lograr “transparencia” en la política. Silvia Lospennato, una de las promotoras de la normativa, subrayó que la implementación de la Ficha Limpia “debió haber ocurrido hace tiempo” para reforzar los filtros en la participación electoral. La Cámara Baja aprobó la propuesta después de una enmienda que alteró la fecha límite de aplicación: en lugar de exigir que la condena en segunda instancia ocurriera antes del año electoral, la nueva versión estipula un plazo de 180 días previo a los comicios. Sin embargo, el panorama resulta más incierto en el Senado, que debe emitir su dictamen definitivo y donde el peronismo detenta una bancada mayoritaria. Analistas señalan que, aunque el oficialismo podría atraer a dos legisladores independientes, el bloque se fragmentó en semanas recientes y la correlación de fuerzas no garantiza la aprobación. Algunos señalan que el Ejecutivo podría utilizar el paso de Ficha Limpia como pieza de negociación para la designación de dos jueces que el presidente Javier Milei postuló a la Corte Suprema. Fuentes legislativas especulan que, si la ley pone en riesgo la candidatura de Cristina Fernández, el peronismo exigiría contrapartidas en la designación de magistrados o forzaría el estancamiento del proyecto. La sesión en la Cámara de Diputados estuvo marcada por tensiones e intercambios verbales entre los distintos bloques. Martín Menem, titular de la Cámara, intentó limitar la lista de oradores para agilizar la votación, pero la resistencia del bloque Unión por la Patria y de parte de la oposición derivó en una prolongada discusión. El dirigente libertario Nicolás Mayoraz defendió la “necesidad de barrer la política de corruptos”, mientras que el exvicepresidente y legislador Miguel Ángel Pichetto opinó que la propuesta ilustra una “derrota del sistema político”, y consideró que el artículo 66 de la Constitución podría haber resultado más idóneo para filtrar el acceso a cargos públicos. La radical Karina Banfi calificó el proyecto como un paso hacia la “lucha contra la degradación institucional” y la coalición opositora Democracia para Siempre denunció que “defender la figura de una sola persona por encima de la ética política alimenta la desconfianza ciudadana”. Del lado oficialista, se insiste en que la ley busca “proscribir” a Cristina Kirchner y que, al plantearse de forma tan acelerada, “viola las garantías de un proceso judicial justo”. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Con información de Excélsior.