Privado durante meses de contacto con su abogado, Chadi Abu Sidu dice haber perdido sus derechos, la noción del tiempo y del espacio. Al igual que cientos de palestinos, estuvo encarcelado en Israel sin acusación, bajo el régimen de los llamados “combatientes ilegales”.

Este fotoperiodista de 35 años fue arrestado en marzo de 2024 en Ciudad de Gaza, cinco meses después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

Junto con unos 2 mil prisioneros palestinos, fue liberado a cambio de la entrega de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en Gaza, en el marco del acuerdo de alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

En detención, “decían que habían matado a nuestros hijos y a nuestras mujeres”. Cuando vio a sus hijos de nuevo “fue un choque”, relató por teléfono desde Gaza.

Abu Sidu fue arrestado mientras trabajaba en el complejo hospitalario de Al Shifa, que el gobierno israelí acusaba a Hamás de utilizar como centro de mando.

Lo encarcelaron en Sdé Teiman, una prisión de alta seguridad habilitada en una base militar para los palestinos detenidos en Gaza.

Le siguieron “unos cien días de tortura”, con “las manos atadas desde la mañana hasta la noche, los ojos vendados” y la prohibición de hablar.

Chadi Abu Sidu fue trasladado posteriormente a la cárcel militar de Ofer en Cisjordania ocupada, donde las condiciones eran “inimaginables”. En casi 20 meses, sólo tuvo dos entrevistas con su abogado.

No se presentó ninguna acusación en mi contra”, y “la detención se prolongó automáticamente” sin explicación, afirma.

Israel instauró el estatus de “combatiente ilegal”, que no existe en los Convenios de Ginebra, en una ley de 2002, permitiendo así detenciones prolongadas sin juicio de personas que no gozan de las garantías otorgadas a los prisioneros de guerra.

Según esta ley, es “combatiente ilegal” toda persona “que haya participado directa o indirectamente en actos hostiles contra el Estado de Israel o que sea miembro de una fuerza que perpetre actos hostiles contra el Estado de Israel”.

Ya en 2024, Amnistía Internacional solicitaba la derogación del texto, que permite “sumir en una especie de agujero negro” a civiles de Gaza arrestados “arbitrariamente”.

Para estos detenidos denominados “combatientes ilegales” “el abogado es la única conexión con el exterior”, afirma Naji Abás, de la organización Médicos por los Derechos Humanos.

Tenemos enormes dificultades” para conseguir una visita y, cuando se logra, dura media hora o menos, dice Abás.

La administración penitenciaria argumenta que el gran número de prisioneros justifica los retrasos o la imposibilidad de realizar visitas, indicó.

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Con información de Excélsior