El Gobierno del Estado se comprometió a respaldar y proteger la información proporcionada por la ciudadanía durante el registro del CURP biométrico, ante los temores existentes sobre un posible mal uso de los datos personales. El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres, aseguró que se actuará con extremo cuidado en el manejo de la información de las y los potosinos, refrendando la corresponsabilidad que tiene el Estado para evitar cualquier uso indebido.

El funcionario afirmó que la administración estatal será responsable y cuidadosa con los datos sensibles que se recaben; sin embargo, entre la ciudadanía persisten dudas e inquietudes sobre diversas implicaciones del registro. Entre los principales cuestionamientos se encuentran la falta de claridad respecto a quién administra la base de datos, por cuánto tiempo se almacena la información, quién puede acceder a ella y cuáles son las sanciones en caso de un mal uso.

Asimismo, existe preocupación sobre los protocolos que se aplicarían ante una eventual filtración de datos, ya que, a diferencia de una contraseña, los datos biométricos no pueden modificarse. También se teme por los alcances de identificación que pueden tener este tipo de registros, como la posible localización de personas, el uso de la información con fines distintos a los informados y las consecuencias legales o administrativas que podrían derivarse de errores en el sistema, incluyendo problemas para el acceso a servicios.

Estos temores no son considerados infundados, ya que se han registrado antecedentes en distintas partes del país. En Chetumal, Quintana Roo, el sistema biométrico del Registro Civil presentó fallas de software durante pruebas de captura de datos para la CURP, lo que generó dudas sobre la seguridad y confiabilidad de la plataforma. Además, un informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky reveló que el 13 por ciento de los mexicanos ha sido víctima de robo de identidad relacionado con el uso de datos biométricos, como huellas dactilares o reconocimiento facial.

A ello se suman las advertencias de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Article 19, que han señalado que la recolección y centralización masiva de datos biométricos puede derivar en violaciones a derechos humanos si no existen salvaguardas sólidas y controles adecuados. Incluso, tribunales federales han ordenado la suspensión temporal de la obligatoriedad del registro biométrico del CURP en entidades como Yucatán, tras demandas que argumentan riesgos a la privacidad y a la protección de datos personales.

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Aunque el Gobierno estatal ha reiterado su compromiso con la protección de la información, la ciudadanía continúa demandando mayor transparencia, certeza legal y garantías claras sobre el manejo, resguardo y uso de sus datos biométricos.