Irán atraviesa uno de los momentos de mayor fragilidad política desde la instauración de la República Islámica en 1979. El régimen de los ayatolás se sostiene más por inercia represiva que por legitimidad social. Las protestas recurrentes -lideradas por mujeres, jóvenes y trabajadores- no son episodios aislados ni producto de conspiraciones externas, sino la expresión de un hartazgo profundo frente a un sistema que ha fracasado en ofrecer bienestar, libertades y futuro.

La impopularidad del régimen es estructural. No se limita a una mala administración económica o a sanciones internacionales, aunque ambas pesan. El problema de fondo es un modelo teocrático que concentra el poder en una élite clerical no electa, blindada de toda rendición de cuentas. El Consejo de Guardianes, el liderazgo supremo y los aparatos de seguridad han vaciado de contenido a cualquier mecanismo democrático, convirtiendo las elecciones en un ritual sin alternativas reales.

A ello se suma una economía asfixiada no solo por sanciones, sino por corrupción endémica, clientelismo y el desvío sistemático de recursos hacia aventuras regionales -Hezbolá, Siria, milicias en Irak y Yemen- mientras la población enfrenta inflación, desempleo y precariedad. El mensaje implícito del régimen es claro: la supervivencia ideológica del sistema está por encima del bienestar de los iraníes.

Las protestas tras la muerte de Mahsa Amini marcaron un punto de no retorno. No porque hayan derrocado al régimen, sino porque rompieron el pacto del miedo. El lema “Mujer, vida, libertad” sintetiza una demanda que va más allá de reformas cosméticas: la exigencia de un cambio político profundo, laico y representativo. El régimen lo sabe, y por eso responde con ejecuciones, encarcelamientos masivos y censura, no con diálogo.

Ahora bien, reducir la crisis iraní a una disputa interna sería ingenuo. La intervención estadounidense -directa e indirecta- ha sido un factor constante que el régimen utiliza como coartada para justificar su autoritarismo y cerrar filas en nombre del “enemigo externo”. Las sanciones han debilitado al Estado, pero también han golpeado con dureza a la sociedad civil, ofreciendo al poder clerical un discurso victimista que aún conserva cierta eficacia.

Sin embargo, sería un error igual de grave minimizar la responsabilidad interna del régimen. Estados Unidos no obliga a Irán a perseguir mujeres por su vestimenta, a ejecutar disidentes, a falsear elecciones ni a gobernar mediante una teocracia militarizada. El colapso de legitimidad del sistema es, ante todo, resultado de decisiones propias y de una negativa sistemática a evolucionar políticamente.

El futuro de Irán no puede ni debe decidirse desde Washington, pero tampoco puede quedar secuestrado por una élite religiosa desconectada de su sociedad. La urgencia del cambio no pasa por una intervención militar extranjera -que sería desastrosa-, sino por la presión internacional sostenida en favor de los derechos humanos y, sobre todo, por el reconocimiento de que la demanda de transformación es endógena, auténtica y mayoritaria.

Irán no está al borde del caos; está al borde de una definición histórica. La pregunta ya no es si el régimen de los ayatolás es impopular -lo es-, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse contra su propia sociedad. Y si el mundo estará del lado del pueblo iraní cuando ese momento llegue, o volverá a sacrificarlo en nombre de equilibrios geopolíticos mal entendidos.