Integralia Consultores publicó el primer reporte de violencia política en el cual se detallan los riesgos de intervención del crimen en las elecciones que se celebrarán este 2024. De acuerdo con la consultora, Jalisco presenta un “riesgo muy alto” de injerencia del crimen en los comicios, junto a otros estados como Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y Chiapas. En entrevista para “Así las Cosas”, Armando Vargas, consultor senior de Integralia informó que la violencia política no es la única manera en la que el crimen organizado interviene en los procesos electorales ya que también lo hace a través de la intervención en casillas, la movilización o desinhibición del voto o la imposición a candidatos y el financiamiento a campañas. “Nosotros consideramos cinco factores de riesgo: la presencia de mercados ilícitos además del narcotráfico, que haya elecciones a presidencias municipales, que haya grupos criminales en conflicto armado, que haya un estado de derecho débil y que además haya municipios claves para el crimen organizado y con alta competencia electoral; Jalisco y otras cinco entidades tienen un riesgo muy alto porque reúnen estas cinco características”, dijo. Ante ello, comentó que es muy probable que los grupos criminales busquen meterse en las elecciones para ampliar su autoridad o ganar ventaja en los conflictos que mantienen con otras organizaciones rivales. Dijo que en el estado de Jalisco se identificaron diferentes dinámicas del crimen, por ejemplo, en la zona metropolitana del estado de Jalisco y también hacia Puerto Vallarta se tiene presencia hegemónica de un grupo criminal, por lo que las elecciones pudieran ser aprovechadas para mantener esa autoridad.  “En el caso de Vallarta, es un espacio que se presta para la proliferación de diferentes mercados ilícitos, incluyendo el cobro de piso, es electoralmente muy competitivo y tiene la presencia de un cartel dominante, es probable que ahí haya intervención del crimen organizado y señalo el probable como algo que puede ocurrir, más no como un hecho que definitivamente va a suceder”, expresó. En cambio, en otras regiones del estado, como en la zona de los Altos o en la frontera con Guanajuato y también con Michoacán, hay cárteles que se están disputando los territorios, “y quizá ahí las elecciones sirvan para que los grupos criminales busquen obtener el apoyo de los gobiernos locales y de ese modo ganar ventaja dentro de estos conflictos”. “Estos grupos criminales buscan intervenir en las elecciones, es decir, estamos hablando de financiamiento de campañas, de imposición de candidatos, las agresiones, las amenazas y los asesinatos de candidatos para obligarlos a cooperar o definitivamente neutralizarlos, pero no es el único, también está el financiamiento a campañas, es decir, darle dinero a los partidos políticos sobre todo para propaganda para tener mecanismos para movilizar el voto”. Finalmente -dijo- que el diagnóstico es bastante duro, pero una parte de las soluciones, es comenzar a reconocer que la democracia está secuestrada por el crimen organizado. "Hay dos cosas que nos parece que son indispensables, primero que el estado mexicano asuma la responsabilidad de combatir al crimen organizado con eficacia no solamente con la fuerza militar, sino también desarticulando sus bases sociales, fracturando sus sistemas de inteligencia y cerrando toda fuente de financiamiento ilícito y en segundo lugar también es muy importante desalentar la participación del crimen en las elecciones, para ello puede ser muy importante que frente a cualquier indicio de intervención del crimen, las autoridades puedan anular las elecciones lo que sí hay que decir es que al día de hoy ningún protocolo de seguridad va a lograr frenar la intervención del crimen en las elecciones y eso incluye la incidencia de eventos de violencia”. Según la empresa especializada en consultoría en riesgo político, el crimen organizado interviene en las elecciones mediante: asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y aspirantes; financiamiento a campañas; imposición de candidaturas; movilización o inhibición del voto; y alteración de la votación en casillas.

Integralia contabiliza 32 víctimas en este 2024, entre las cuales siete aspirantes fueron asesinados y suman ocho desde el inicio del proceso electoral. De acuerdo con el reporte, las víctimas de violencia política electoral aumentaron 235.7 por ciento del 2018 al 2023.