El control judicial en materia migratoria volvió a colocarse en el centro del debate durante la apertura del 11° Foro Regional Desplazamiento Forzado y Desplazamiento Interno, caminos hacia la protección y la justicia.

Daniel Fajardo Ortiz, titular de la Unidad General de Enlace con los Poderes Federales de la Suprema Corte, subrayó que este control funciona como un dique frente a prácticas que, bajo el argumento de la seguridad, imponen restricciones desproporcionadas a la libertad y a la integridad de las personas migrantes.

Habló a nombre del Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz y recordó que, en momentos de tensiones migratorias, la justicia debe sostenerse en decisiones que reconozcan la dignidad humana y coloquen a las personas en el centro.

Justicia y migración, prioridad para la SCJN

El foro se realizó en la sede alterna de la Corte. Ahí, Miguel Ramírez González, jefe de Operaciones México del Comité Internacional de la Cruz Roja, confirmó que la institución mantiene su compromiso de acompañar a quienes se desplazan en contextos urbanos.

Explicó que los retos crecen, que prevenir el desplazamiento requiere coordinar esfuerzos y que los Estados no pueden eludir su obligación de proteger y asistir a quienes lo necesiten.

Lo dijo casi como quien recuerda una verdad incómoda.

Jeremy Mac Gillivray, representante adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones, apuntó que las resoluciones judiciales han marcado diferencias importantes en la vida de quienes buscan asilo o regularizar su estancia. Según él, cada sentencia que garantiza acceso real a la justicia se traduce en una herramienta concreta de protección.

Desde otra óptica, Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló de las y los juzgadores que han sido reconocidos con el Premio Sentencias 2025.

Señaló que sus resoluciones funcionan como “herramientas vivas” que ofrecen esperanza a personas en riesgo, un comentario que generó varios asentimientos en la sala.

Caminos hacia la justicia y la protección de personas migrantes y desplazadas

Giovanni Lepri, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, puso un dato sobre la mesa: alrededor de 117 millones de personas se encuentran desplazadas en el mundo por violencia.

Ante ese escenario, afirmó, los poderes judiciales tienen un papel decisivo porque impulsan derechos que otras instituciones no suelen priorizar.

¿Cuál es el mejor remedio para las manchas de la edad?

La directora general de Sin Fronteras IAP, Sandra Elizabeth Álvarez Orozco, recordó que, desde 2016, el premio ha recibido 467 sentencias provenientes de 15 países. Comentó que cada una de ellas ha dejado una marca en la construcción de un acceso a la justicia sin barreras.

“Cuando alguien sale de su hogar, la justicia no puede quedarse quieta”, dijo con un tono que quedó resonando entre el público.

En la clausura, Cristina Solano Díaz, de la Suprema Corte, reiteró que la Nueva Corte mantiene un compromiso firme para consolidar una justicia cercana, humana y respetuosa de la dignidad. Entre las organizaciones convocantes participaron ONU Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ACNUR, ONU Mujeres, OIM, UNICEF y Sin Fronteras IAP.

El Premio Sentencias 2025 busca difundir resoluciones que cumplan estándares internacionales en materia de movilidad humana y protección internacional, un esfuerzo que, según organizadores, seguirá creciendo.

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Con información de Excélsior