La reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad de Nayarit afecta la economía local de Bahía de Banderas y ha llevado a muchas agencias inmobiliarias y oficinas legales a cerrar sus puertas ya que los bancos han dejado de otorgar créditos hipotecarios. En entrevista para “Así las Cosas”, Fernando Castro Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, expuso su preocupación respecto a la reciente reforma a la Ley del Registro Público de la Propiedad de Nayarit la cual fue publicada hace unos meses por el Ejecutivo del Estado, y que se implementó para combatir los fraudes inmobiliarios que han afectado a la región. Consideró que esta medida tiene implicaciones constitucionales y económicas adversas. "Esta reforma surgió a raíz de múltiples fraudes inmobiliarios que se volvieron de conocimiento público a nivel nacional (…) Utilizaron la institución del Registro Público y se coludieron con notarios y bancos para vender propiedades en Nuevo Vallarta hasta tres veces a diferentes personas. Esto trastocó la seguridad jurídica inmobiliaria en la región". Sin embargo, expuso que la reforma, cuyo objetivo es minimizar los riesgos de fraude, limita el acceso a la información del Registro Público, requiriendo el consentimiento del titular inscrito para obtener documentos como escrituras. "Esto trastoca la naturaleza pública del registro (…) Antes, cualquier ciudadano podía investigar, lo cual era fundamental para procesos legales, cobro de deudas, y hasta investigaciones sobre actos de corrupción". Castro Rubio destacó que la restricción de acceso también afecta al sector financiero y a la economía local. "Los bancos han dejado de otorgar créditos hipotecarios porque ahora necesitan la autorización del deudor para acceder a su información, autorización que puede ser revocada en cualquier momento", señaló. "Esto pone en riesgo la garantía para los bancos y ha llevado a muchas agencias inmobiliarias y oficinas legales a cerrar sus puertas (…) Nayarit ya es el estado con la mayor morosidad bancaria en el país, y esto agrava aún más la situación". A pesar de que la reforma incluye una alerta registral que notifica a los titulares sobre movimientos en sus propiedades, Castro Rubio considera que los perjuicios superan los beneficios. "Limitar el acceso público al registro afecta el principio del artículo sexto constitucional", afirmó. Castro Rubio expresó su confianza en que la Suprema Corte declarará la reforma inconstitucional debido a sus implicaciones legales y sociales. Finalmente, ofreció recomendaciones a desarrolladores y compradores potenciales de propiedades en Nayarit. "Asegúrense de verificar la viabilidad de obtener financiamiento antes de comprometerse en transacciones inmobiliarias. Identifiquen las propiedades de su interés y consulten con su banco para confirmar que pueden obtener un crédito hipotecario".