Desde enero, cuando asumió la alcaldía de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez encadena polémicas.

Los medios locales y nacionales le han cuestionado por presuntos desvíos de recursos, contratos a los amigos y compadres vía adjudicación directa, y un viaje a Las Vegas que no ha explicado.

En lugar de transparentar, el presidente municipal —descrito por reporteros como prepotente, intolerante a la crítica y misógino— ha optado por la confrontación: descalifica, ofende en sesiones de cabildo y tensa el ambiente político.

Según testimonios, presionado por los medios de comunicación presentó una prueba de antidopaje cuya validez fue puesta en duda. Nadie le creyó, con lo que dejó ver que el rosario de quejas no prescribe con discursos.

En Coahuila, todo alcalde está sujeto a escrutinio permanente y debe responder con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales y el Código Municipal.

Por diseño institucional, deben intervenir la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a cargo de Elma Marisol Martínez González; la Auditoría Superior del Estado, que encabeza Manuel Ramírez Briones; la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Luz Elena Morales Núñez; y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige Karla Samperio Flores.

La ley es clara: las investigaciones pueden iniciarse de oficio o por una denuncia. En pocas palabras, la autoridad está obligada a entrar en acción.

No es para menos: el pasado del edil, con antecedentes de detención en su juventud, y los señalamientos de negocios poco claros vinculados a él y a su hermano Efrén Rodríguez con el municipio de Múzquiz —durante la gestión de Tania Flores, hermana del diputado Antonio “Lord Lamborghini” Flores— alimentan la percepción de impunidad.

Nada de esto prueba por sí mismo un delito; pero lo obliga a explicar, documentar y rendir cuentas.

Amagar o amedrentar a periodistas y comunicadores, como ocurrió con mi colega Sofía García, no resuelve la duda pública: la agrava.

La salida es institucional: publicar contratos, rutas de adjudicación, viajes y viáticos; someterse a auditorías independientes; respetar a la prensa y a la oposición; y atender de inmediato los requerimientos que, me anticipan, le llegarán.

En democracia, quien maneja recursos públicos, como este personaje que cobra como alcalde, debe convivir con tres palabras incómodas, pero sanas: prueba, expediente y transparencia.

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TUVIERON QUE PASAR tres días para que los coordinadores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, fijaran una postura institucional de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, tras las manifestaciones y disturbios del 15N.

Claro, lo hicieron hasta que regresaron del puente vacacional, dejando ver que, para algunos, las crisis de gobierno —y del país— pueden esperar.

Lo que pocos saben es que esa actitud puso los pelos de punta en Palacio Nacional, porque Adán y Monreal, como muchos otros morenistas, son muy buenos para beneficiarse de las mieles del poder, pero pocas veces quieren asumir el desgaste que implica ejercerlo.

Cuando se trata de ganar, todos salen a levantarse la mano; cuando toca enfrentar una embestida, muchos esconden la cabeza como avestruz.

El fenómeno se repite en los partidos que supuestamente son aliados de Morena, como el PT, de Alberto Anaya, o el Verde, que preside Karen Castrejón y dirige Jorge Emilio González. Tarde dijeron: “Esta boca es mía”.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Gobernar no es posar para la foto del martes por la mañana”.

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO 

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@ALFREDOLEZ