“Se va caer” coreaban hace una década las millennials feministas respecto a un patriarcado que contemplaban derribar –o cuando menos minar– a punta de activismo, sobre todo de uno digital que postulaba las redes sociales y los medios de comunicación los espacios más eficaces para denunciar abusos de poder –véase conductas delictivas– perpetrados por hombres contra mujeres.

Recordé la frase al leer en Vanity Fair un artículo cuyo título traducido al español es “El curioso, incómodo y acaso inevitable retorno de Louis CK”. En él, el periodista Maxwell Adler detalla –y condena– la reciente participación del comediante mexicoestadounidense en un festival de stand-up organizado y transmitido por Netflix, a casi una década de haber terminado esta empresa toda relación con él tras haber sido acusado de acoso sexual por cinco mujeres en el New York Times y admitir los actos que se le imputaban. Desde entonces, CK ha realizado dos giras mundiales, protagonizado cuatro especiales distribuidos en su propio sitio y ganado un Grammy a Mejor Álbum de Comedia por uno de ellos; también ha anunciado ya el renuevo de su contrato con Netflix, donde será estrenado su próximo show individual.

No se cayó.

No digo que el escándalo haya carecido de efecto sobre el acusado: más allá de obligarlo a enfrentar rescisiones contractuales por 35 millones de dólares, le supuso una pérdida reputacional mayúscula. El problema es que, al mantenerse el caso en el paradigma de la comunicación y no en el del derecho, la punición y la reparación a las víctimas han sido nulas, el efecto cultural a largo plazo escaso y en términos legales (y acaso morales) no ha sido impartida justicia.

Si bien no me cuento entre los adherentes al “Yo te creo” –ya Amber Heard probó cómo esa carta blanca puede derivar en patente de corso–, en este caso no tengo la menor duda de la veracidad de las acusaciones: no sólo el comediante ha admitido su culpa sino que hay un nutrido historial, pletórico de testigos, de su exhibicionismo masturbatario, conducta constitutiva de delito en muchas jurisdicciones estadounidenses. Cabe preguntarse por qué no presentó una denuncia civil ninguna de las víctimas y responderse que quizás porque consideraron más efectivo el tribunal mediático. También cabe concederles alguna razón cuando ninguna jurisdicción decidió entablar un juicio criminal contra Louis Alfred Székely –su nombre legal– pese a su admisión pública de un comportamiento constitutivo de delito penal.

La visibilización los abusos es útil pero no sustituye el sistema de impartición de justicia; lo que sí puede es incidir sobre la cultura y, a partir de ello, sobre la Ley: es en ella –y no en Netflix o en Twitter– que reside la posibilidad, si no de resarcir el daño, al memos de castigarlo y prevenirlo.

POR NICOLÁS ALVARADO

COLABORADOR

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