Hay momentos en los que el ruido político se vuelve tan estruendoso que dejamos de escuchar lo importante. 2026 pinta para ser uno de esos años: no por una sola tormenta, sino por muchas nubes que se han ido acumulando lentamente sobre el país. Mientras discutimos pleitos cotidianos, reformas y discursos, debajo se está moviendo un tablero que puede definir cómo viviremos, trabajaremos e invertiremos en los próximos años.

Hace unos días, la consultoría en asuntos públicos INTEGRALIA publicó su informe sobre los "Diez riesgos políticos para 2026". No es un documento incendiario ni partidista; es frío, ordenado y concreto. Pero entre sus líneas hay algo inquietante, ya que no describe un colapso, sino un desgaste silencioso de las reglas, las instituciones y la confianza. Y ese desgaste, nos guste o no, termina cobrando una alta factura a cada persona.

El primer gran foco rojo es la reforma electoral que se cocina en el Congreso. Oficialmente se habla de “ahorro” y “representatividad”, pero lo que está en juego es algo más profundo: quién controla las reglas del juego. Si se reducen contrapesos y se debilita al árbitro electoral, no solo pierden los partidos de oposición; perdemos todos, porque sin competencia real, el poder se vuelve menos responsable y más caprichoso.

Luego está el T-MEC, ese acuerdo que sostiene buena parte de nuestros empleos y exportaciones. Nadie dice o espera que vaya a romperse, pero sí que podría volverse más rígido y más caro para México. Es decir, menos margen, más exigencias y más presión. ¿Quién gana? Empresas estadounidenses con mayor influencia. ¿Quién pierde? Trabajadores y proveedores mexicanos que dependen de cadenas productivas cada vez más tensas.

Mientras tanto, el gobierno ha aprobado reformas a gran velocidad, muchas sin reglas claras para aplicarlas. Es como cambiar las señales de tránsito en toda la ciudad sin avisar y sin pintar bien las calles. Las empresas no saben a qué atenerse, posponen inversiones y, cuando eso pasa, hay menos empleo y menos oportunidades para todos.

A esto se suma el nuevo Poder Judicial. En lugar de dar certeza, ha generado confusión. Jueces con poca experiencia, procesos más lentos y sentencias impredecibles. Para el ciudadano común suena lejano, pero tiene consecuencias reales: más conflictos laborales, más pleitos por tierras, más arbitrariedades y menos protección frente al Estado.

Hay un riesgo aún más crudo, como lo es el control territorial del crimen organizado en varias regiones. No aparece en los discursos oficiales, pero sí en la vida cotidiana de miles de empresas y comunidades. Extorsiones, carreteras inseguras, economías locales capturadas. Y cuando el Estado no corta esos lazos, la violencia se normaliza y la inversión se va a inmediatamente a otra parte.

Y cómo olvidar a Pemex, empresa que sigue perdiendo dinero, cayendo en producción y acumulando deudas. El gobierno la sostiene con recursos públicos que podrían ir a hospitales, escuelas o infraestructura. Lo incómodo es quién paga ese rescate permanente: nosotros, vía menos servicios o más presión fiscal.

INTEGRALIA también advierte sobre la creciente conflictividad social, el intervencionismo de Estados Unidos y las tensiones entre gobierno y empresarios. No son fantasmas; ya los vimos en bloqueos, protestas y choques políticos durante 2025. La Copa del Mundo será un escaparate perfecto para que esos malestares exploten y se hagan visibles de nuevo.

Entonces, ¿por qué debería importarle esto a cualquier mexicano? Porque estos diez riesgos no son abstractos; determinan si habrá empleos, si los precios subirán, si habrá medicinas, si nuestras carreteras serán seguras, y si nuestras instituciones nos protegerán o nos dejarán a la deriva. No se trata de ser alarmista; se trata de abrir los ojos.

El verdadero peligro de 2026 no es que el país se caiga de golpe, sino que se vaya resbalando lentamente mientras miramos hacia otro lado. Y cuando por fin queramos reaccionar, quizá ya sea demasiado tarde.