La activista y secretaria general del Comité Directivo Municipal del PAN en Puerto Vallarta, Idalia González de León, expresó su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo impulsada por el gobierno federal, al considerar que representa un serio retroceso en materia de derechos y libertades para los mexicanos. En entrevista, González de León señaló que la iniciativa fue aprobada “al vapor”, sin el debido análisis ni consulta a especialistas, universidades o colectivos sociales, lo que —dijo— refleja una falta de compromiso legislativo y debilita el proceso democrático.

“Es triste que ya nos hayamos acostumbrado a estos procesos apresurados. Nuestros legisladores ganan lo suficiente como para tomarse el tiempo de revisar las leyes que afectan a todo México. Hoy vemos que sólo levantan la mano sin cuestionar nada”, lamentó. La dirigente panista recordó que la reforma fue enviada por la presidenta de la República el 15 de septiembre al Senado, y en menos de tres semanas ya había sido votada en lo general y en lo particular, sin un debate profundo ni socialización suficiente. Entre los puntos más polémicos de la reforma, González de León destacó la eliminación del artículo transitorio que originalmente otorgaba retroactividad a los juicios en trámite, disposición que habría sido contraria a la Constitución. “Por fortuna, ese error ya fue corregido, pero deja en evidencia la prisa y el desaseo con el que están legislando”, subrayó.

González de León explicó que la nueva redacción restringe el interés legítimo, limitando el derecho a promover amparos únicamente a quienes demuestren una afectación “real, actual y diferenciada”. “Eso deja fuera a colectivos, padres de familia, defensores del medio ambiente o de derechos humanos que históricamente han usado el amparo para proteger causas comunes, como el acceso a la salud, al medio ambiente o a la igualdad de derechos. Es un retroceso enorme”, advirtió. Asimismo, alertó sobre los cambios en la suspensión del acto reclamado, figura que antes permitía frenar de inmediato un acto de autoridad mientras el juez resolvía el fondo del asunto. “Ahora ya no será automática en casos como bloqueos de cuentas, prisión preventiva o temas financieros. Esto puede dejar a ciudadanos y empresas en una situación de indefensión”, dijo. La activista recordó que en México más del 70% de las personas privadas de la libertad no cuentan con sentencia, por lo que eliminar la suspensión inmediata en los juicios de amparo podría tener consecuencias graves. “El amparo ha sido durante décadas el último escudo que tenemos frente a los abusos del poder. Si se debilita, cualquier ciudadano podría pasar meses en prisión injustamente o ver afectado su patrimonio antes de que se resuelva su caso”, señaló. Aunque reconoció aspectos positivos, como la digitalización del proceso y la reducción de tiempos en juicios fiscales, insistió en que los riesgos superan a los beneficios. “Podremos tener un amparo más rápido, pero también más débil. Y eso pone en peligro las garantías que tanto nos ha costado construir”, apuntó. Finalmente, Idalia González de León hizo un llamado a los diputados federales para revisar a fondo la reforma antes de aprobarla y evitar que se convierta en una herramienta que limite los derechos de los ciudadanos.