Estados Unidos rechazó este miércoles que los cargos por los que pide la extradición de Julian Assange sean de carácter político y que pueda compararse su actividad al frente de WikiLeaks a la de los periodistas de investigación. La abogada Clair Dobbin, en representación de la Justicia estadounidense, dijo ante el Tribunal Superior de Londres que la defensa “describe erróneamente” las acusaciones contra el australiano, que en realidad son “por delitos penales basados en pruebas”. Dobbin dijo que Assange es requerido por conspirar con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) para obtener información militar clasificada y por difundirla, poniendo en peligro a “numerosos informantes inocentes de Estados Unidos” en países como Irak, Afganistán, China, Irán o Siria. La abogada subrayó que es incorrecto cuando la defensa trata de comparar al acusado, del que dijo que trató entre 2009 y 2015 de reclutar a piratas informáticos para su portal, con “un periodista o editor ordinarios” que use fuentes para sus noticias. "WikiLeaks solicitó explícitamente material e información clasificada. Animó a otros a piratear y produjo una lista de ‘Las filtraciones más buscadas’. Esto va mucho más allá de los actos de un periodista que recopile información”, alegó. El juez Adam Johnson inquirió sobre un argumento de la defensa que sostiene que no fue WikiLeaks quien difundió inicialmente los nombres de los informantes sino que quedaron expuestos cuando un periodista desveló en un libro la contraseña de los archivos. Dobbin respondió que no corresponde a este tribunal profundizar en este punto y sería algo que Assange podría esgrimir en un eventual juicio en Estados Unidos. La abogada dijo también que son infundados los argumentos de la defensa de que su cliente no afrontará un juicio justo en Estados Unidos o que las imputaciones atentan contra su libertad de expresión. Assange, de 52 años, no asistió ni el martes ni el miércoles al proceso ante el Tribunal Superior al encontrarse enfermo, aunque sí estuvieron presentes en la sala su esposa, Stella, y su padre, John Shipton. Tras la vista de este miércoles, los dos jueces del Superior tendrán que decidir, seguramente en otra fecha, si le autorizan a volver a recurrir en el Reino Unido -lo que daría lugar a un juicio donde se explorarían a fondo los argumentos planteados ahora- o si en cambio puede activarse su extradición, aprobada por el Gobierno británico en 2022. Con información de López Dóriga Digital / EFE