La regidora Magdalena Cisneros Jiménez del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de San Luis Potosí y la regidora de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano, MC, Adriana Urbina Aguilar votaron en contra de la Ley de Ingresos 2026. Magdalena Cisneros mencionó que la razón por la cual emitió su voto en contra fue por que observo costos excesivos en trámites, “los dictámenes de factibilidad vial y otros requisitos para licencias de funcionamiento presentan cobros que se acumulan entre distintas direcciones, generando cargas económicas desproporcionadas para los emprendedores del municipio”.  La regidora participó en todas las mesas de trabajo que se realizaron para el análisis de esta nueva Ley, en la cual contempla los ajustes y aumentos a cobros que se realizan a la ciudadanía por distintos rubros en el gobierno municipal; incluso realizó aportaciones concretas que buscan el beneficio de las mujeres en el municipio capitalino.  Urbina Aguilar por su parte dijo que en torno al impuesto predial, hay incremento en los valores unitarios del suelo y los cambios en la tabla de cobro podrían afectar a más de 250,000 viviendas en la capital potosina. Para ella, estas cifras representan familias reales que deberán enfrentar mayores cargas económicas en un contexto de inflación persistente y servicios básicos cada vez más costosos. Un segundo punto crítico fue la incorporación de una nueva tabla de cobro para predios industriales, presentada al cierre del proceso, en este se observó falta de claridad sobre su impacto potencial, lo que genera incertidumbre en uno de los sectores productivos más relevantes de la ciudad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H También manifestó su preocupación por la creación de nuevos cobros relacionados con dictámenes para licencias de funcionamiento, que podrían convertirse en cargas adicionales para pequeños y medianos comercios, sin distinguir adecuadamente entre negocios de diferente tamaño. Además, permanecen rangos amplios de cobro sin criterios definidos, lo que abre espacio para interpretaciones discrecionales y carece de certeza jurídica para la ciudadanía.