Las periodistas Paula Mónica Felipe y Wendy Selene Pérez presentaron la investigación “traficantes de ADN” donde exponen a una empresa privada, Central ADN, que se ha dedicado a recopilar el ADN de familiares de desaparecidos de México prometiendo que los ayudarán a identificar a sus familiares sin dar resultados y obteniendo bases de datos genéticos.

El modo en que opera esta empresa es contactando a madres y colectivos que buscaban a sus familiares, a los cuales le solicita que firmen las formas legales, entreguen sus datos y muestras de ADN y prometen entregarles información, en algunos casos les aseguran haber localizado un cuerpo en algún estado distinto al de los familiares, el cuál tiene coincidencia de ADN, sin embargo, la empresa después de obtener la información genética no se vuelve a contactar con los familiares.

 Central ADN accedió de forma irregular a una base de datos con el perfil genérico de casi 70,000 personas, actualmente está siendo investigado esta empresa por la fiscalía general de la República y tiene sospecha de infiltrados en la Comisión nacional de búsqueda.

 Al respecto Roberto Cabrera Alfaro el primer Comisionado de Búsqueda, se encuentra vinculado a proceso por el ejercicio indebido de la función pública, violando el artículo 214 del código penal federal, un cargo por el que podría obtener una condena de hasta 12 años de prisión, según explica la investigación. 

Además, la fiscalía anticorrupción lo investiga por presuntamente haber entregado a Central ADN sin convenio ni pago, la copia de la base de datos genéricos que tenía en su poder cuando dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda. También se tiene identificada a una mujer llamada Mariana García Sosa que era quién se contactaba con los familiares de estados como Jalisco, SLP, Michoacán, Veracruz, Puebla, donde contactaba a familiares en cafeterías y  ella misma llenaban las pruebas de sangre y les pedía a familiares que hablaran bien de la empresa a las  fiscalías y organismos estatales para lograr acuerdos con los organismos gubernamentales. 

Un testimonio sobre este modo de operar en Guadalajara, menciona que se realizó  una reunión de familiares víctimas de desaparecidos en un salón del DIF municipal en el 2018, esta persona identificada como Mariana García Sosa llegó con kit para realizar muestras genéticas sin cobrar el procedimiento, el cual cuesta entre 4,000 y 10,000 pesos, los testigos dicen no sentir desconfianza al momento de realizar las pruebas ya que fueron contactados por un activista como enlace, sin embargo tiempo después se dan cuenta que a todos les han contado historias similares sobre lo cerca que estaban de identificar a sus familiares y como los dejan de contactar al poco tiempo.

  La investigación completa se puede leer en https://aristeguinoticias.com/1212/mexico/reportaje-traficantes-de-adn/   https://piedepagina.mx/traficantes-de-adn/