La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha comenzado a reasignar los asuntos que quedaron pendientes de resolución por la anterior integración del máximo tribunal, los cuales fueron entregados por las antiguas ponencias a la Secretaría General de Acuerdos para su returno.

Entre ellos se encuentran los asuntos promovidos por Ricardo Salinas Pliego y sus empresas en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por diversos créditos fiscales.

Dos amparos directos en revisión, presentados por Nueva Elektra del Milenio y Totalplay, fueron asignados a la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, a pesar de que fue declarada impedida en otros asuntos relacionados con el empresario Salinas Pliego.

El amparo directo en revisión 6321/2024 con el que Grupo Elektra reclama un crédito fiscal de más de 33 mil millones de pesos, que estaba en la ponencia de Alberto Pérez Dayán, fue turnado al ministro Arístides Guerrero García.

Este mismo ministro se va a encargar de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de las diversas reformas legales presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas de manera fast track en 2020.

Asimismo, se le asignó la controversia constitucional presentada por Acapulco en contra del proceso de remoción del cargo de su titular, Abelina López Rodríguez, por no comprobar el destino de más de 900 millones de pesos.

Al ministro Giovanni Figueroa Mejía le fueron turnaron dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición en contra de la reforma hecha a la Ley de Amparo por Morena para eliminar la posibilidad de decretar la suspensión de una norma general en un juicio de amparo.

La ministra Sara Irene Herrerías se hará cargo de la impugnación hecha en contra de la nueva Ley general de ciencias y humanidades, que transformó al Conacyt en el Conahcyt, hoy elevado a rango de secretaría de Estado.

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Por otra parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo tendrá bajo su responsabilidad resolver quince controversias constitucionales presentadas en contra de la nueva ley de transparencia, y que fueron promovidas por diversos municipios gobernados por la oposición, como Morelia, Irapuato, Monterrey, Guanajuato, Campeche, Atizapán, Hermosillo, entre otros.

Con información de Latinus