Los criterios para otorgar seguridad a funcionarios en México —en los niveles federal, estatal y municipal— son diversos y no están sustentados en un análisis de riesgo, a pesar de que existen normas legales. Por ello, la asignación de protección es discrecional y una evidencia trágica del centralismo de la seguridad pública.

Javier Oliva Posada y Raúl Benítez Manaut, especialistas en seguridad, hablaron por separado con Excélsior sobre el tema. Advirtieron que, en el contexto actual de violencia que priva en México, esa situación pone en mayor riesgo a los funcionarios, pero, principalmente, a la gobernabilidad del país.

Funcionarios de entidades federales directamente relacionados con políticas de seguridad disponen de dispositivos de protección de manera automática y justificada. En esos casos están Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, y Raymundo Morales Ángeles, secretario de la Marina.

Protección del mismo nivel o con mayor cobertura que la de los tres funcionarios mencionados debería tener la presidenta Claudia Sheinbaum —quien dispone de una ayudantía de carácter civil, el mismo esquema impuesto por su predecesor tras la disolución del Estado Mayor Presidencial—; Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y jueces penales con casos de alto impacto a su cargo.

Hay funcionarios del Estado mexicano, no obstante que legalmente tienen mecanismos para disponer de medidas de seguridad, cuentan con aparatos de protección “de película”. En estos casos están los ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, gobernadores de los estados y algunos diputados y senadores.

A nivel municipal también opera la discrecionalidad, ya que, sin un adecuado análisis de riesgo no se provee de un conjunto de medidas, personal y dispositivos tecnológicos, especialmente ante amenazas derivadas del ejercicio de su función.

Oliva señaló que el tema de la seguridad para funcionarios en México es de primera importancia: “Si bien existe una legalidad que establece qué funcionarios deben recibir protección, incluyendo a la jefa del Ejecutivo y los secretarios de Estado, así como a algunos familiares de funcionarios, en muchos casos la asignación sigue siendo discrecional”.

Benítez Manaut señaló que, a pesar de que existen leyes y normas, la asignación de escoltas, vehículos blindados y personal de protección sigue siendo desigual entre niveles de gobierno y regiones del país.

El debate sobre la seguridad de los funcionarios volvió a la agenda nacional tras recientes hechos de violencia, como el ataque a diputados en Sinaloa, la polémica por las camionetas blindadas para los ministros de la Corte y el acoso del que fue víctima la presidenta Sheinbaum a principios de noviembre de 2025, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Por razones de seguridad nacional se desconoce públicamente cuál es la cifra total de elementos asignados por las distintas corporaciones. Una de las instancias encargadas de esta labor es el Servicio de Protección Federal (SPF), dependiente de la SSPC, que recientemente abrió una convocatoria nacional de reclutamiento. Sin embargo, tampoco se sabe qué criterios se establecen para asignar el número de agentes o vehículos a cada funcionario.

Escapulario como protección

Oliva Posada señaló que, aunque debería existir una homologación nacional, los estados deciden bajo su propio criterio a quién otorgar protección.

“En muchos municipios, especialmente en zonas con presencia del crimen organizado, incluso cuando se solicitan medidas de protección no siempre se cumplen. Esto evidencia el centralismo: si eres alcalde en Benito Juárez o Cuauhtémoc cuentas con protección; si estás en un municipio en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, llévate tu escapulario porque no vas a tener más protección.

“Hay solicitudes expresas de cobertura de seguridad que son indudables. Se vio en el caso de Uruapan, Michoacán, donde el alcalde contaba con elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, mucho queda al arbitrio de las autoridades estatales. Es necesario poner énfasis en un protocolo serio”, señaló Javier Oliva.

En opinión de Oliva Posada, los sistemas de seguridad en México empezaron a diluirse a partir de la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP): “Con ese hecho, los riesgos para ciertas personalidades aumentaron, de eso no hay duda”.

De acuerdo con el especialista, lo grave radica en la discrecionalidad: “Si no eres del mismo partido o incluso dentro de un mismo partido no eres del mismo grupo, te encuentras en problemas”. Según Oliva, la política actual muestra una “clarísima inexperiencia e improvisación”, lo cual es grave porque pone en riesgo a gobernantes y cualquier atentado contra ellos repercute en la dinámica de todo el país.

Desorden con la desaparición del EMP

Raúl Benítez Manaut afirmó que la desaparición del EMP provocó un desorden en los esquemas de protección al eliminar un sistema centralizado que definía con claridad los niveles de seguridad. Recordó que cuando este cuerpo existía el esquema estaba codificado y se sabía distinguir quién necesitaba más seguridad, incluyendo visitas internacionales como el Papa o presidentes extranjeros.

Benítez señaló que, a nivel estatal, los gobernadores suelen contar con amplios esquemas porque ellos mismos nombran a los fiscales que les proveen la seguridad. Sin embargo, el incremento de la violencia ha vuelto vulnerables a más funcionarios, obligando a reforzar medidas de manera reactiva.

Finalmente, el analista destacó que esta fragmentación —donde el Poder Judicial, la FGR o el CNI operan con reglas propias— impide establecer normas homogéneas. Ante la magnitud del problema, concluyó que es sumamente difícil proporcionar seguridad de manera uniforme en todo el territorio nacional.

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Con información de Excélsior