La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para exigir pruebas formales sobre las acusaciones dirigidas contra 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue enfática al señalar que la solicitud presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos carece de elementos probatorios suficientes. "Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática”, dijo. “Lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es que mande pruebas”, declaró la mandataria.

La Presidenta también cuestionó la calidad del material difundido públicamente, al describirlo como “una nota de dichos de alguien” acompañada de documentos parcialmente testados y anotaciones informales. “¿Qué pruebas tienen? […] eso es público; entonces, ¿qué decimos como gobierno? Pruebas”, insistió. Este posicionamiento se alinea con el principio de debido proceso, clave dentro de los acuerdos internacionales de cooperación judicial, y refuerza la narrativa del gobierno mexicano de no actuar sin evidencia verificable. Solicitud de detención provisional y limitaciones jurídicas

De acuerdo con la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, esta figura está contemplada en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, pero exige requisitos estrictos.

"Para poder presentar esto, necesita anexar elementos de prueba para establecer la urgencia”, explicó. Es decir, la parte solicitante debe demostrar que existe un riesgo real de fuga o de obstaculización de la justicia. Sin embargo, tras la revisión de la Fiscalía General de la República, se concluyó que no se aportaron pruebas suficientes para sustentar dicha urgencia. "La fiscalía determina que no existe al momento […] ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”, puntualizó Alcalde.

Implicaciones legales y plazo de 60 días El procedimiento establece que, si Estados Unidos logra acreditar la urgencia, la Fiscalía mexicana podría solicitar a un juez de control la emisión de una orden de detención provisional o imponer medidas cautelares. En paralelo, las autoridades estadounidenses disponen de un plazo de hasta 60 días para presentar una solicitud formal de extradición con evidencia completa. Este periodo es crítico, ya que definirá si el caso avanza dentro de los cauces legales o si se convierte en un nuevo punto de tensión política. Aunque las autoridades estadounidenses han sugerido posibles vínculos de los implicados con grupos de narcotraficantes, el gobierno mexicano insiste en que dichas acusaciones deben sustentarse con pruebas sólidas y verificables. El caso se produce en un contexto de alta sensibilidad en la relación bilateral, donde la cooperación en materia de seguridad ha sido históricamente compleja y sujeta a presiones políticas en ambos países.

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